Las Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se preparaba para iniciar la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 cuando trabajadores del sector educativo cerraron los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que el inmueble tuvo que ser desalojado.
Entre sus demandas, los trabajadores exigían se destinara presupuesto para cubrir deficiencias en cuanto a salarios y otros beneficios laborales.
“Decían, decían, que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería”, gritaban los inconformes, quienes tomaron los accesos del recinto cerca del mediodía.
Pese a ello, la Comisión señaló que la sesión se llevará a cabo de manera semipresencial este mismo lunes a las 17:00 horas, para lo cual se citó el Reglamento de la Cámara de Diputados.
En él se advierten situaciones de “emergencia y la contingencia sanitaria para lo cual es posible realizar una sesión semipresencial, para la cual se requiere la presencia física de al menos una cuarta parte de los integrantes de la comisión.
Lo que sí no pudo avanzar debido a estos bloqueos fue la comparecencia de Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública quien se presentaría ate las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
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Por ello se determinó decretar un receso indeterminado, no sin que antes algunos diputados dejaran saber sus preocupaciones en torno a los ejercicios de los años 2019 y 2020 en cuanto a opacidad en operación de programas, de asignaciones directas y otras anomalías detectadas.
De acuerdo con el proyecto, un 16.4% de los recursos están destinados a Educación, Cultura y Deporte, priorizándose la atención a familias mediante programas de becas.
Diputados han solicitado poner especial atención en el tema educativo ante el rezago de infraestructura en donde no se cuentan con los recursos suficientes para planteles de educación media superior.
Se ha señalado que en este año el gasto por alumno alcanzó los 27 mil 308 pesos, lo que es una reducción de 2.2% respecto al año 2016; mientras que la recuperación de la pérdida de aprendizaje podría requerir hasta un 12 mil 677 millones de pesos.
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