Durante la penúltima semana de febrero, la escalada de violencia en instalaciones de la UNAM alcanzó “límites inaceptables”, de acuerdo con el rector Enrique Graue Wiechers.
En la noche del jueves 22 de febrero, una profesora de la carrera de Economía en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, ubicada en Naucalpan, estado de México, fue herida de bala cuando salía del estacionamiento del plantel, a bordo de su vehículo. La Fiscalía mexiquense investiga si se trató de un asalto o si el sujeto la estaba “cazando”.
Al día siguiente se registró una balacera en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en Ciudad Universitaria. La Máxima Casa de Estudios informó que los involucrados eran “individuos ajenos” a la universidad que “sostuvieron una riña”. Ambos murieron en el hospital en el que recibían atención. Las primeras investigaciones hablan de un posible ajuste de cuentas entre bandas de narcomenudistas.
Esto hizo que el rector Graue Wiechers emitiera el sábado un mensaje a la comunidad universitaria y a la población en general. En él, defendió la estrategia puesta en marcha para garantizar la seguridad.
Sin embargo, advirtió: “En los días y semanas por venir se escucharán voces, internas y externas, que clamarán por otras alternativas más agresivas, que quisieran vernos o armados o militarizados; y no pocas aprovecharán los momentos político electorales que vivimos en nuestra nación para intentar desestabilizarnos, pero no lo lograrán si trabajamos en unidad”.
El señalamiento es, por decir lo menos, inquietante. ¿Quién quiere desestabilizar a la Universidad Nacional? ¿Quién ha propuesto armas en las instalaciones? ¿Quién ha sugerido el ingreso de policías o militares?
El fantasma del movimiento estudiantil de 1968, justo cuando se cumplen 50 años de la matanza en Tlatelolco, sigue vigente. Además, cualquier intento de intervención es visto como una violación a la soberanía universitaria.
No obstante, se trata de una autonomía mal entendida. Autonomía no es aislamiento, no es tampoco impunidad, ni una barrera para que las autoridades competentes persigan el delito y, antes de ello, lo prevengan.
La autonomía se refiere a la capacidad que tiene la propia UNAM para definir sus planes y programas de estudio, para que los universitarios encuentren las fórmulas para definir su educación, las líneas de investigación científica y social, y de difusión de la cultura.
No debe ser el pretexto para que las autoridades de procuración de justicia incumplan con el deber que les asiste.
El actual proceso electoral no sólo es histórico por número de cargos de elección popular en disputa. Lo es por su complejidad, por la posibilidad de resultados muy cerrados y por el riesgo de un conflicto poselectoral que tenga que ser dirimido por el tribunal federal electoral.
Está visto, además, que si algo caracterizará a estos comicios es la guerra sucia. Las campañas no inician formalmente y ya se acusó a Ricardo Anaya de ser parte de una triangulación de recursos que configurarían el delito de lavado de dinero. Y, por otro lado, ya están también los señalamientos del desvío de recursos de la Sedesol y de la Sedatu, en los que se ha implicado a José Antonio Meade.
En ese escenario, nada resulta menos inconveniente que un conflicto universitario. Promoverlo, tolerarlo, permitirlo, provocaría la tormenta perfecta. Hoy más que nunca, todas las autoridades involucradas y la sociedad misma en su conjunto, requieren inteligencia para solucionar este problema y evitar que la UNAM se sume a la lista de “focos rojos” de este difícil 2018.
@ HanniaNovell
