La distribución de 200 mil barriles diarios de gasolina en pipas por la red carretera del país es una bomba de tiempo.
Nadie duda de la urgente necesidad de combatir la industria ilegal del robo de combustible, que genera ganancias anuales de 60 mil millones de pesos; sin embargo, la estrategia que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el ‘huachicol’ presenta debilidades, improvisaciones, altos costos y serios riesgos para la seguridad de la población.
Se ha informado la adquisición de 571 autotanques por 85 millones de dólares; es decir, poco más de mil 600 millones de pesos. ¿Cuántas becas para estudiantes habrían sido respaldadas con este monto? ¿Cuántos adultos mayores habrían sido beneficiados? ¿Cuántas escuelas construidas? ¿Cuántos damnificados por el sismo de 2017 en Morelos, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México habrían visto sus demandas atendidas? La prioridad para el gobierno de la Cuarta Transformación es volver al pasado y usar pipas, en lugar de restablecer la red de ductos de Pemex vigilada con alta tecnología.
Un costo adicional es el de la vigilancia. ¿Cuántas patrullas de la Policía Federal o vehículos del Ejército serán necesarias utilizar para escoltar las 571 pipas nuevas? ¿También se usarán drones o helicópteros? Porque nadie creerá que el crimen organizado dejará escapar las ganancias del ‘huachicol’ y permitirán el tránsito de las unidades. El pueblo es bueno, pero ¿los criminales también?
La red carretera del país tiene graves deficiencias en la carpeta asfáltica, la iluminación, señalización y seguridad. Ni siquiera las autopistas de cuota garantizan una mejoría significativa en sus condiciones básicas de tránsito; ahí está la autopista México-Acapulco en permanente reparación y con constantes derrumbes. Y qué decir de las carreteras federales. Lo que es más: el tránsito diario de nuevas unidades erosionará la infraestructura carretera, provocará mayor caos vial en las ciudades y aumentará los índices de contaminación.
Ya están listos para ser contratados 120 choferes y falta por evaluar a 450 solicitantes. Claro, el anuncio de dar empleo a conductores de pipas por 14 mil pesos quincenales más prestaciones, evidenció la urgente necesidad de oportunidades en el país.
La pregunta es si contar con una licencia de conducir tipo B y un curso de capacitación garantiza la experiencia y pericia necesaria para manejar un tráiler cargado con material flamable. No: para la actual administración no ha sido importante considerar el peso de la carga (combustible), las dimensiones de los automotores, el estado de las carreteras y vialidades, o la experiencia de los conductores.
México ocupa el lugar número siete en la lista de países con el mayor número de accidentes en carreteras y todo parece indicar que avanzaremos más rápidamente en ese ranking mundial. Choques, accidentes, explosiones, incendios y pérdida de más vidas humanas. Esa es la tragedia que viene.
Lo ocurrido este fin de semana en Tlahuelilpan, Hidalgo, es una triste y lamentable muestra de lo que puede ocurrir si el actual gobierno insiste en improvisar. La planificación escrupulosa es la fortaleza de las políticas públicas. Los problemas no se solucionan por decreto. El respeto al Estado de Derecho es la aplicación de la ley, sin sesgos ni pretextos. Seguimos esperando el castigo a los culpables de la venta ilegal de combustible y, ahora, de la tragedia en Hidalgo. Pero el país no puede darse el lujo de que una nueva tragedia viaje en las carreteras abordo de pipas.
