Por primera vez en la historia, cientos de mujeres y hombres en prisión preventiva tendrán la posibilidad de votar y participar en la jornada electoral del 6 de junio para elegir a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados.
A través de un programa piloto, México dará un paso importante en la lucha por los derechos civiles al hacer posible que las personas en prisión influyan en la integración de los poderes públicos y contribuyan en las decisiones de los gobiernos.
Diversos países del mundo garantizan el derecho al voto de todos sus ciudadanos, incluidas las personas en prisión. Tal es el caso del sistema electoral de Colombia, cuya experiencia data del año 1994. Mientras en Costa Rica, la jornada electoral implica trasladar a los presos a las casillas electorales establecidas especialmente para ellos, y en Ecuador se instalan casillas al interior de los centros penitenciarios con dos días de anticipación.
Aunque nuestra Constitución establece que todos los mexicanos tienen derecho al voto, fueron dos indígenas tzotziles quienes obligaron a las autoridades electorales a cumplir la letra de nuestra Carta Magna.
En 2002, Guadalupe Gómez y Marcos Ruiz fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, acusados de secuestro y recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”.
En 2018, Guadalupe y Marcos levantaron la voz e interpusieron una demanda contra el Instituto Nacional Electoral (INE) para reclamar el ejercicio de sus derechos político-electorales, bajo el argumento legal de que el Artículo 35 de la Constitución señala que el derecho al voto sólo puede suspenderse, cuando el ciudadano esté sujeto a un proceso criminal por algún delito que merezca la pena corporal.
A la fecha, ninguno de los demandantes ha sido declarado culpable ni sentenciado por un juez. Por lo tanto, su derecho a votar sigue vigente; lo mismo ocurre con las dos mil 185 personas que actualmente están en prisión preventiva.
En febrero de 2019, el Tribunal Electoral reconoció el derecho al voto de Guadalupe y Marcos, determinó que reclusión no significa exclusión y ordenó al INE a diseñar y poner en marcha un programa que haga valer los derechos de las personas en prisión preventiva y puedan acudir a las urnas en la elección presidencial de 2024.
Ese es el origen del programa piloto que diseñó el INE para las elecciones de este año, el cual se aplicará en cinco Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) ubicados en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Morelos, para abarcar todas las circunscripciones electorales, considerar a hombres y mujeres y atender una perspectiva intercultural.
Las personas interesadas en participar en las elecciones llenarán un formato para que sean incluidos en la Lista Nominal de Electores y el INE les entregará un paquete personalizado con la información de los candidatos a diputados federales, sólo del distrito correspondiente al domicilio registrado en su credencial, así como una boleta electoral
El voto se emitirá de forma anticipada, entre el 17 y el 19 de mayo. En cada CEFERESO habrá mamparas, urnas, crayones y tinta, necesarios para que la ciudadanía pueda votar con certeza y libertad. Los votos serán resguardados en las juntas locales del INE y serán contabilizados hasta el día de la elección.
Las experiencias que resulten de este ejercicio preliminar servirán para realizar los ajustes necesarios, con el firme propósito de hacer efectivo el derecho al voto de todos los internos que no han sido sentenciados, a partir de la elección presidencial de 2024.
