El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación concluirá su mandato en 2024 con un país más corrupto y sin rastros de eficiencia en la atención de las necesidades más urgentes de los mexicanos.
Durante los 32 meses de su sexenio, el presidente de México ha utilizado la tribuna de las conferencias matutinas para hablar del combate a la corrupción, pero más allá de la demagogia y el discurso, la 4T no ha alcanzado resultados concretos que demuestren la honestidad valiente que prometieron.
En fechas recientes, los programas sociales han protagonizado los principales espacios de noticias con una serie de denuncias sobre diversos actos de corrupción, presuntamente cometidos por los delegados estatales.
Un verdadero “robadero” de recursos públicos que, en lugar de atender a la población más vulnerable con becas para jóvenes estudiantes, pensiones para los adultos mayores, microcréditos para mujeres jefas de familia y transferencias para disminuir la brecha de la desigualdad de las personas con discapacidad, son entregados a los amigos, familiares y grupos políticos de los todopoderosos funcionarios de la Secretaría de Bienestar.
En las denuncias están involucrados los programas insignia del actual gobierno: Jóvenes Construyendo el Futuro que este año cuenta con un presupuesto de 21 mil 472 millones de pesos; Sembrando Vida con 75 mil 189 millones; las Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad con 16 mil 841 millones y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un presupuesto de 304 mil 200 millones de pesos para este año.
Las irregularidades que han denunciado los Servidores de la Nación se habrían registrado en diversas entidades federativas y algunos personajes señalados son el excoordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, quien renunció a su cargo el 24 de junio; y Gilberto Herrera Solórzano, delegado regional de Bienestar en Tijuana y Rosarito, Baja California.
No es la primera vez que el gobierno de la 4T está involucrado en escándalos de corrupción y en todos ellos, la impunidad prevalece porque no hay evidencia de acciones legales contra los funcionarios señalados. Por el contrario, todos ellos gozan de cabal salud y de un lugar de privilegio en Palacio Nacional.
Ahí está el caso de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien de acuerdo con investigaciones periodísticas posee una fortuna 16 veces mayor a la que reportó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP): 51 millones de pesos de ingresos anuales y un emporio inmobiliario con valor superior a los 800 millones de pesos. La SFP no sancionó la mentira.
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), ha operado con una red de empresas factureras para malversar los recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), según revelaciones de periodistas de investigación. La SFP sancionó a funcionarios menores y dejó fuera de las investigaciones a la exvelocista mexicana.
Jaime Cárdenas, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, denunció corrupción, saqueos y subastas a modo realizados durante la gestión de su antecesor Ricardo Rodríguez Vargas. El exconsejero electoral presentó en 2020 un total de 47 denuncias penales y no hay evidencia de alguna aprehensión, ni siquiera se han abierto carpetas de investigación.
La lista sigue y el combate a la corrupción que anunció el líder de la cuarta transformación es otra promesa incumplida o una mentira más para endulzar el oído de quien confió en él. Lo cierto es que ni la corrupción, ni la impunidad han disminuido, al contrario, se ha expandido cuál veneno de serpiente.
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