Las profundas heridas que provocó el sismo del 19 de septiembre de 2017 no han cerrado. La fractura de las columnas y el desmoronamiento de los muros del Colegio Rébsamen fue el inicio de la tragedia. La vida de 19 niños y siete adultos fue cegada. Todos ellos fueron víctimas de la corrupción y el tráfico de influencias.
Han transcurrido ya 20 meses y aún no hay luz en el túnel, pues lo que prevalece es la sombra de la impunidad. Este fin de semana, en medio de contradicciones, reapareció Mónica García, directora y dueña del colegio.
Mientras Javier Coello, exabogado de García Villegas, aseguró que ella se había entregado —incluso reveló una reunión del hermano de la hoy detenida con un diputado local y un funcionario del gobierno de la Ciudad de México para negociar las condiciones de la entrega—; Ernestina Godoy, procuradora de Justicia, informó que la imputada había sido detenida. Mal presagio para la veracidad y credibilidad de las investigaciones.
Si a las 10:48 del sábado la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) “recibió una denuncia ciudadana que nos indicaba el paradero de Mónica García Villegas, y a las 11:28 fue detenida en un restaurante de calzada de Tlalpan por policías de investigación”, cómo explicar que a las 10:59 Ciro Gómez Leyva publicó en su cuenta de Twitter: “#ÚltimaHora Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Rébsamen, se acaba de entregar a las autoridades de Ciudad de México. En unos momentos más información...”
¿Hubo una negociación para la entrega? ¿Por qué los familiares desoyeron los consejos del reconocido jurista Coello Trejo? ¿Se cobró la recompensa por cinco millones de pesos para quien diera información que permitiera su detención?
A la fecha, sólo hay una persona encarcelada por la tragedia: Juan Mario Velarde Gámez, director Responsable de Obra en 2014; sigue pendiente de ejecutarse otra contra Juan Apolinar Torales, quien ocupaba el mismo cargo en 2017, ambos acusados de homicidio doloso. En las próximas horas se definirá la situación jurídica de Mónica García Villegas, imputada de homicidio culposo, por lo que podría seguir el proceso en libertad, bajo fianza.
Lo cierto es que en el Colegio Rébsamen fue construido, al margen de la ley, un cuarto piso en uno de sus predios, lo que añadió un enorme sobrepeso estructural de 225 toneladas a una edificación de por sí llena de irregularidades. Y ahí hubo complicidad, corrupción y tráfico de influencias de funcionarios de la entonces delegación Tlalpan, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
¿Cómo es que la exjefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, permitió aumentar metros sin las manifestaciones de obra correspondientes, sin imponer sanciones ni corregir anomalías? ¿Por qué el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no aplicó ni hizo cumplir la Ley de Desarrollo Urbano, como lo obliga el artículo 6?
¿Cómo explicar que el director del Invea, Meyer Klip, omitió revisar y sancionar el uso del suelo del Rébsamen? ¿Por qué el titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, descartó supervisar los actos administrativos de las delegaciones y revisar el registro de manifestaciones de construcción de esa demarcación?
Mónica García Villegas, el rostro visible de la tragedia del Colegio Rébsamen, hoy está detenida. Pero los niños muertos y sus familiares merecen justicia. Sin chivos expiatorios, manipulaciones jurídicas ni manejos políticos del caso. Todos los responsables deben pagar. Todos.
