El territorio estadounidense es el escenario de una dolorosa persecución de miles de mujeres y hombres que emigraron de Latinoamérica, Asia, África y Europa para huir de la miseria, la guerra, la violación de los derechos humanos y buscar el sueño americano. Hoy, son las víctimas de las redadas de odio.
El presidente Donald Trump está decidido a conseguir su reelección y, por lo tanto, a complacer los reclamos racistas y antinmigrantes de los conservadores y supremacistas que le permitieron llegar a la Casa Blanca en 2016. La simpatía de ese electorado es la que quiere mantener.
Como el fallo de la Corte Suprema le obligó a dar marcha atrás a su plan de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020, anunció que emitirá una orden ejecutiva para que todas las agencias federales le entreguen los archivos relacionados con el número de ciudadanos estadounidenses y extranjeros que viven en la Unión Americana.
Adicionalmente, el magnate endureció su política y determinó que los migrantes que busquen asilo, ahora deben pedir protección primero desde un “tercer país”. En los hechos, el comunicado conjunto de los departamentos de Justicia y el de Seguridad Nacional, significa fijar “más restricciones o límites” de elegibilidad para los extranjeros que piden asilo.
Fiel a su estilo autoritario, ordenó también las redadas de inmigrantes indocumentados en las ciudades de Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco, lugares donde se concentra la mayor parte de la comunidad mexicana.
Este giro sorpresivo tomó desprevenido al gobierno de México, que se hallaba entretenido en su frontera sur donde desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional para contener a los migrantes centroamericanos, evitar la ira de Trump y salvar la amenaza arancelaria que se vence, precisamente, en una semana.
Aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, intentó hacer un control de daños al asegurar que personal de la Embajada de México y de los 50 Consulados están en alerta y realizan recorridos por los centros de detención para verificar si hay mexicanos afectados por las redadas (se dice que hubo 20 el pasado fin de semana, en San Diego, California) para ofrecerles asesoría legal, lo cierto es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra supeditado a los designios del mandatario de estadounidense.
Y es que mientras la administración de la 4T imponía la militarización de la frontera con Guatemala, se olvidó de atender a mil 807 connacionales que se encuentran en centros de detención, con órdenes de deportación definitivas. Ellos tendrían que haber sido la prioridad del gobierno de López Obrador, antes de regalar 30 millones de dólares a Nayib Bukele para “apoyar el desarrollo económico de El Salvador”.
Un dato más que pone en el radar la Secretaría de Gobernación: en las repatriaciones de mexicanos, los niños son los más afectados. Durante los primeros cinco meses de la administración de Donald Trump se registraron tres mil 106 deportaciones de niños que tenían de cero a 17 años. En el mismo periodo de 2019, esta cifra subió a cinco mil 69, lo que representa un alza de 63 por ciento.
El plan de ayuda que diseñe y ejecute López Obrador exige responsabilidad y sensibilidad para proteger a nuestros connacionales indocumentados en peligro por las redadas y a recibir a los recién deportados en nuestra frontera norte, especialmente a los niños, para que lleguen con bien a su destino familiar. Pero en la práctica ni una nota diplomática se atreve a mandar, no vaya a estar fuera de su austeridad o miseria transformadora.
