La consulta popular programada para el 1 de agosto es un proceso innecesario y adulterado desde su origen, que tendrá un costo superior a 500 millones de pesos. Prácticamente la misma cantidad de dinero que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene disponible este año para la realización de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el país.
Mientras otras naciones del mundo utilizan las consultas populares o plebiscitos para cambiar el destino de sus países, en México deciden pervertir los objetivos y alcances de este mecanismo de participación ciudadana.
En 2016, a través de un referéndum, el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea; mientras que en 1988, un referéndum les cerró el paso a las intenciones reeleccionistas del dictador Augusto Pinochet, en Chile.
En el gobierno de la 4T brilla por su ausencia la capacidad para resolver problemas y el decoro para reconocerlo. Eso sí, hay sobradas pruebas de incapacidad para contener el crimen y la violencia, y hacerle frente a la pandemia sanitaria.
Tan sólo hay que recordar la funesta cifra y las gráficas escandalosas de muertos, tanto del crimen como de la crisis sanitaria.
Varios delitos registran picos alarmantes en los primeros cinco meses de este año: 423 feminicidios, ocho mil 623 violaciones y 348 casos de trata de personas.
El país está al borde de una tercera ola de contagios de coronavirus, sin una campaña de vacunación efectiva.
Mientras esto ocurre, desde Palacio Nacional se enciende el micrófono desde muy temprano todos los días para concentrar la atención mediática en el juicio a los expresidentes y distraer a la sociedad con un debate frívolo e inútil: con una consulta popular o sin ella, pues la Fiscalía General de la República (FGR) puede consignar a un expresidente que presuntamente haya cometido un delito.
Si la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular del primer domingo de agosto tendrá un costo de 528 millones de pesos, la pregunta es ¿y la austeridad republicana dónde quedó?
El ejecutivo insiste en mirar hacia el pasado y corre el riesgo de convertirse en una estatua de sal. Si fuera real la decisión de combatir la corrupción y la impunidad, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habrían trabajado de la mano de la FGR, para conseguir pruebas que acrediten los diversos delitos atribuidos a los expresidentes.
Desde la presunta privatización amañada de bienes públicos, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; la pretendida conversión ilegal de deudas privadas en públicas cuando gobernó Ernesto Zedillo; a la supuesta entrega ilícita de concesiones públicas del sexenio de Vicente Fox.
También se pueden enumerar la fallida estrategia de seguridad que provocó la muerte de más de 250 mil personas durante la gestión de Felipe Calderón; hasta la corrupción rampante atribuida al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Falta esperar si los casi 94 millones de electores, con credencial vigente, participarán en la consulta popular convocada por el presidente. Lo que hay que tener presente es que, para que los resultados de ese plebiscito sean vinculatorios y obliguen a las autoridades competentes a actuar en consecuencia, se requiere la votación de al menos el 40% de la lista nominal. Es decir, el voto de 37.5 millones de ciudadanos.
Mirar al pasado, cuando el futuro aún sigue siendo incierto. ¿Qué caso tiene?
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