Fuga de reos, actividades ilícitas al interior de los penales y prisiones bajo el control absoluto de los reclusos es la fotografía de las cárceles en México.
El 2020 se estrenó con la fuga de tres reos involucrados por el Cártel de Sinaloa, quienes serían extraditados a Estados Unidos para responder a las acusaciones en su contra por actividades ilícitas relacionadas con el tráfico y venta de drogas
Se presume que en la huída de Víctor Manuel Félix Beltrán, presunto operador financiero de ese cártel, junto con Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro, participó personal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Aunque fueron detenidos ocho custodios y se anunció la investigación de 22 funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum por los hechos del 29 de enero, los prófugos siguen libres y ningún presunto responsable ha sido vinculado a proceso.
A la luz de varios diagnósticos sobre el sistema penitenciario en México, lo extraño es que la fuga de reos no sea, todavía, un fenómeno cotidiano. El Observatorio de Prisiones, iniciativa creada por Documenta A.C., presentó el año pasado cifras preocupantes: 121 incidentes de fuga en el país durante el periodo comprendido entre 2010 y 2019.
Sinaloa es la entidad con más problemas para controlar a la población penitenciaria. La tierra del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán ocupa el lugar 28 del ranking nacional. La Ciudad de México, Jalisco y Tamaulipas también tienen graves problemas para ocuparse de los centros penitenciarios, ni qué decir de los planes de reinserción. Las cárceles siguen siendo las universidades del crimen.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019
realizado por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala, sin eufemismos, las condiciones de vulnerabilidad en las que operan las cárceles en todo el país: insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficiencias en la imposición de sanciones disciplinarias; autoridades penitenciarias omisas o relegadas por las amenazas de la delincuencia y múltiples actividades ilícitas al interior de los penales.
Reclusos de alta y mediana peligrosidad cuentan con todo tipo de privilegios y canonjías. El solo hecho de tener a su disposición teléfonos celulares les permite realizar diariamente extorsiones de todo tipo con una “narrativa” creíble para asustar a sus víctimas y el tiempo suficiente para ejecutar sus crímenes con el apoyo del exterior.
Las últimas informaciones sobre el tema del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en los centros penitenciarios estatales sólo hay un custodio para vigilar a 8.6 presos. ¿Cómo van a salvaguardar el orden y disciplina de las cárceles, si el personal es insuficiente?
Recientemente, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reportó un análisis donde muestra las múltiples iniciativas para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal: 26 en total.
El trabajo de la investigadora Carla Angélica Gómez resulta atinado y oportuno, en virtud de que el Congreso tiene planeado analizar y discutir un amplio paquete de reformas en materia de justicia.
Los funcionarios de las dependencias involucradas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación deberemos estar atentos a las soluciones que plantean los legisladores para resolver temas básicos como la administración de los penales, las condiciones de libertad anticipada y la sustitución de penas, así como la prevención de la reincidencia delictiva y las mejores alternativas para las hijas e hijos de madres en prisión.
