En las naciones contemporáneas, el respeto a los derechos humanos es un indicador del progreso histórico de los pueblos y el número de mujeres que participan en la política es una muestra de la calidad de sus democracias.
En 1955, las mujeres votaron por primera vez en México, pero durante décadas fue prácticamente inexistente su presencia en las esferas del poder público. En 1997 hubo un primer ejercicio denominado cuota de género, una sugerencia que adoptaron los partidos y que resultó en un aumento marginal de representantes populares del género femenino, en la Cámara de Diputados y en el Senado.
En 2003, la sugerencia se convirtió en obligación. Ninguno de los partidos políticos debía rebasar la cuota del 70%, en candidatos del mismo sexo, lo cual permitió que la proporción femenina de diputadas aumentara a casi 23% y de 16% en el Senado.
Nuevas modificaciones a las reglas, registradas en 2006, obligaron a los institutos políticos a registrar mujeres en el 40% de las fórmulas de candidaturas, salvo aquellas de mayoría relativa. Así, aumentó la proporción femenina en la integración de las dos cámaras del Poder Legislativo.
Durante esos años hubo múltiples resistencias al cambio, pero la amenaza de las sanciones obligó a los partidos a abrir sus puertas. Luego vinieron los engaños.
En 2009, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) registraron a mujeres para cumplir con la cuota y evadir las sanciones pero, antes de rendir protesta, las diputadas renunciaron para ser relevadas por los suplentes varones.
El caso de las diputadas Juanitas fue tan escandaloso, que el Tribunal Electoral debió intervenir para evitar la maniobra de las élites machistas y, a golpe de sentencias fue posible abrir espacios a la participación política de las mujeres y terminar con ese pasado vergonzoso y lleno de obstáculos.
En la reforma electoral de 2014 fueron considerados los criterios y resoluciones del Tribunal y la paridad en los cargos públicos se convirtió en una obligación constitucional. Como resultado, en las elecciones de 2018 prácticamente se alcanzó una integración paritaria, con el 48% de mujeres en las curules de la Cámara de Diputados y el 49% de escaños en la Cámara de Senadores.
Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció nuevas reglas, las cuales obligan a todos los partidos políticos a postular a siete mujeres, como candidatas en la elección de las 15 gubernaturas que se disputarán en las elecciones federales de 2021.
De nueva cuenta, hay resistencias. Militantes de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca derribar el acuerdo del INE y dar marcha atrás en tribunales a la acción afirmativa que busca la paridad de género en los gobiernos estatales.
Todos los partidos nacionales y locales están obligados a recordar las cifras de la elección de 2018, cuando votaron 56 millones 611 mil 027 electores, de los cuales, el 66.2% fueron mujeres.
Son más de 37.4 millones de personas que seguirán de cerca las decisiones de las dirigencias partidistas y evaluarán en las urnas el compromiso de los partidos con la equidad de género y la integración paritaria de las candidaturas.
Las elecciones intermedias del próximo año representan una oportunidad para abrir nuevos espacios de poder para las mujeres y garantizar que las triunfadoras lo ejerzan en condiciones de igualdad, con respeto y sin violencia.
