Los organismos autónomos, esas instituciones que permitieron la alternancia en el poder político, que hicieron posible el final de la hegemonía priísta, que abrieron paso a la transparencia y a la rendición de cuentas y han luchado incansablemente por la defensa del voto libre, el amparo de los derechos humanos y la marcha de una democracia con contrapesos, otra vez están bajo amenaza.
Como ocurrió en su momento con Germán Martínez y Carlos Urzúa, Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se negó a aplicar algunas medidas de la austeridad republicana que implicaban el despido de 20% de la estructura del Coneval para no poner en riesgo la operación del organismo.
Esa fue la verdadera razón de su salida, aunque López Obrador afirmó que Hernández Licona tenía un salario de 220 mil pesos mensuales, cuando su sueldo neto ascendía a 92 mil. Argumentar que el motivo del despido fue que el exfuncionario ganaba más que el Presidente (108 mil pesos mensuales) resulta un contrasentido, si consideramos que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, percibe un salario de 119 mil 722.
Lo cierto es que las críticas a la política de austeridad fueron el pretexto perfecto para que el primer mandatario arremetiera contra el Coneval, como anteriormente lo hiciera contra el INE, el Poder Judicial, la CNDH y el INAI.
López Obrador no sólo cuestionó la independencia y autonomía del organismo que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto evitó la manipulación de cifras de la Cruzada contra el Hambre. Incluso, anticipó el final del Coneval para que sus funciones sean asumidas por el Inegi.
Detrás de la desaparición del Coneval está la intención de evitar que la gente descubra la verdad: que los Programas Integrales de Bienestar, es decir, su política de dádivas, la entrega de becas y apoyos a adultos mayores, ninis, estudiantes y campesinos sólo hará crecer el número de pobres en México.
Como el Coneval evalúa el diseño, la operación y el impacto de la política social resulta una institución incómoda para los intereses de la 4T por dos poderosas razones. Primero, porque revelará que AMLO fracasó y no consiguió abatir los índices de pobreza y marginación, como lo prometió durante su campaña electoral. Y segundo, porque lo desenmascarará: a él no le interesa reducir la pobreza, sino crear una red clientelar, que haya más pobres porque son ellos quienes le aplauden y votan por el gran benefactor.
Está demostrado —y el que López Obrador esté en Palacio Nacional es la prueba viviente de ello— que la voluntad ciudadana está bajo buen resguardo; que las autoridades y tribunales electorales han realizado un esfuerzo titánico para defender los derechos políticos de los ciudadanos; que cuando se han registrado errores en el cómputo de los votos, deliberados o no, inciden marginalmente en los resultados; y que el fraude a la ley se ha realizado antes de los comicios, condicionando programas sociales, otorgando dádivas.
Esta es la verdadera apuesta de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la razón de ser de los superdelegados que, por encima de gobernadores, presidentes municipales, legisladores y secretarios de Estado, crean padrones de beneficiarios de programas sociales y realizan funciones de operadores electorales, bajo indicaciones directas de la Presidencia de la República.
Las mediciones del Coneval correrían la cortina de humo y destaparían lo que AMLO esconde. Qué pena.
