La elección más grande de la historia de México arrancó en medio de una pandemia mortal, una sociedad agraviada por la inseguridad y el desempleo, y un gobierno empecinado en seguir la ruta del suicidio presupuestal.
El 6 de junio, más de 95 millones de mexicanos serán convocados a las urnas para elegir alrededor de tres mil 500 cargos de elección popular para renovar totalmente la Cámara de Diputados y elecciones en las 32 entidades federativas.
En 15 se disputarán gubernaturas, diputados locales y ayuntamientos; 11 elegirán congresos locales y presidencias municipales, en tres sólo estarán en juego ayuntamientos y en otros tres, los electores votarán por diputados locales.
Los próximos nueve meses serán difíciles. Los partidos y actores políticos están decididos a ganar las elecciones a cualquier precio y, mientras tanto, la sociedad permanece sola en sus batallas contra el desempleo, la pobreza y la enfermedad.
Peor aún, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se declaró guardián de la democracia, listo para descalificar al árbitro, para continuar el desgaste institucional de las autoridades electorales, presionar el sentido de sus decisiones y socavar su autonomía e independencia.
Por si fuera poco, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) insisten en mantener una relación de agravios y desafíos.
En lugar de mostrar estatura política, responsabilidad cívica y la imparcialidad constitucional que comprometieron al asumir el cargo, utilizan recursos legaloides y criterios contradictorios para resolver disputas. Un mal presagio para las batallas electorales que se avecinan.
En las últimas horas han surgido hipócritas reclamos sobre el costo millonario de las elecciones. Se les olvida que tuvieron dos largos años para realizar las reformas necesarias, hacer los ajustes prometidos y reducir el financiamiento público para los partidos políticos.
Los feligreses de la 4T en el Congreso pretenden utilizar el viejo recurso de la austeridad para ganar bonos entre el electorado, pero gustosos aceptarán su tajada de siete mil 226 millones de pesos que serán autorizados para 2021.
Lejos de las necesidades de la sociedad, la clase política ve en el dinero y en los recursos públicos el vehículo para obtener el poder. No es para menos. Las encuestas señalan que Morena ha bajado 43% en la intención del voto, el Revolucionario Institucional (PRI) tiene el 21% de las preferencias y Acción Nacional (PAN) un 20% de la simpatía del electorado.
La ausencia de López Obrador en la boleta electoral debilitará “el efecto AMLO” y, previsiblemente, Morena competirá completamente solo en la contienda del próximo año. El Partido Encuentro Solidario (PES) —antes Encuentro Social— no podrá acompañarlo porque es partido nuevo y debe probar que no requiere alianzas para sobrevivir.
El sainete inútil protagonizado por Gerardo Fernández Noroña para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y las complicaciones que el Partido del Trabajo (PT) y Morena tuvieron para la repartición de legisladores plurinominales, en 2018, reduce las posibilidades para que el partido de Alberto Anaya acepte establecer una coalición con el partido del Presidente. Su aval, lo venderá muy caro.
Está por verse si en 2021, autoridades electorales, partidos y candidatos estarán a la altura de celebrar una fiesta democrática, con elecciones limpias, legales e imparciales.
