De una manera muy parecida a lo que sucedió con su antecesor, el expresidente Donald Trump, el actual líder de Estados Unidos se encuentra bajo fuego por el hallazgo de materiales clasificados en una de sus residencias y en una oficina. Según lo informado, se trata de documentos confidenciales que datan de la época en que el demócrata fungió como vicepresidente durante la gestión de Barack Obama, en 2017.
Por este motivo, el fiscal general Merrick Garland nombró un abogado para investigar posibles violaciones a la ley por parte de cualquier miembro del equipo de Joe Biden. La tarea recayó en Robert Hur, un exfiscal federal que se desempeñó como fiscal federal en Maryland durante la gestión de Trump, y cuenta con una “larga y distinguida trayectoria”, afirmó Garland.
Con el nombramiento de un abogado, el fiscal ha dejado claro que no hay favoritismo en la justicia estadounidense, ya que cabe recordar que es el mismo fiscal que designó a un investigador especial para el caso de los documentos encontrados en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Trump sigue bajo la amenaza de una acusación federal. Garland nombró a un fiscal para supervisar esta investigación, y otras sobre su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
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El desafío para Joe Biden, que prevé presentarse a la reelección en 2024, es impedir que se compare su caso con el de su predecesor, quien ya es candidato para la presidencia.
Lejos de recordar la negación y minimización que hizo Trump cuando comenzó su respectiva investigación, el presidente Biden dijo a los medios que cooperará con las pesquisas, las cuales “toma muy en serio”, y explicó que el hallazgo de los documentos —cerca de una decena de archivos— seguramente se debió a un descuido de su parte. “Confiamos en que una revisión exhaustiva mostrará que estos documentos se desplazaron por inadvertencia, y el presidente y sus abogados actuaron rápidamente al descubrir este error”, dijo Richard Sauber, abogado de la Casa Blanca, que recalcó que el presidente demócrata colabora con la justicia, al contrario de Trump, de quien se sospecha que ocultó parte de los archivos voluntariamente.
En ambos casos, las investigaciones se desarrollan siguiendo una ley de 1978, que considera documentos creados o recibidos por el presidente y el vicepresidente como pertenecientes al país, y prohíbe su conservación en en lugares no autorizados y no asegurados.
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