El amparo que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, buscaba para que se determinara como prescrito el delito de uso indebido del servicio público, por el que estuvo en prisión preventiva por un periodo de tres años, fue rechazado.
El juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México negó el amparo a Robles Berlanga, que continua su proceso en su domicilio desde el pasado 19 de agosto, respaldando con ello la decisión del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos que determino no sobreseer la causa penal.
Apenas en febrero pasado, el juez Villar Ceballos consideró que Rosario robles debía permanecer en prisión preventiva y resolvió que el presunto delito que se imputó a Rosario Robles, relacionados a omisiones en un desvío por más de 5 mil millones de pesos como parte del caso La Estafa Maestra, se mantenía vigente.
Foto: Cuartoscuro
Esta audiencia se llevó a cabo luego de que magistrados del Noveno Tribunal Colegiado con sede en la Ciudad de México determinaron amparar a Robles Berlanga, apuntando que sus derechos constitucionales habían sido vulnerados.
Los magistrados consideraron que el juez no había considerado la vigencia del delito de uso indebido del servicio público que la formuló la Fiscalía General de la República y por el cual estuvo en prisión desde agosto de 2019.
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Ahora que el juez le negó el amparo a la esSecretaria de Sedesol, su defensa ha impugnado la decisión presentando un recurso de revisión que será resuelto por el mismo Noveno Tribunal Colegiado.
El pasado 25 de agosto, al acudir a su primera firma periódica como parte de las medidas cautelares impuestas para seguir su proceso en su domicilio, Rosario Robles dijo estar dispuesta a cumplir con las determinaciones de las autoridades y aseguró que “el que nada debe nada teme”.
Desde entonces Rosario Robles ha acudido a firmar periódicamente, pero también se apuntado algunas victorias como lo es el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará el amparo que le fue concedido por la inhabilitación por 10 años que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le impuso.
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