Banobras financió irregularidades: CNDH

Existe un “esquema de corrupción” detrás del accidente en el Paso Exprés y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asumió en este caso una “actitud institucional” para dilatar y entorpecer las investigaciones relacionadas con el megaproyecto, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, el secretario Gerardo Ruiz Esparza le mintió al Senado de la República al evadir su responsabilidad por la obra de la carretera México-Cuernavaca. “La SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo. Por el contrario, su titular realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación”, dijo Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH al presentar la recomendación 34/2018. Por primera vez se incluyó a empresas como probables responsables de violaciones a derechos humanos, y se pidió que se incluya en los contratos una “cláusula obligacional de respeto a derechos humanos”. La obra 
ubicada al sur de la capital de Cuernavaca incrementó su costo en 67.94%, por lo que fue 535 millones de pesos más cara que su valor original. Las conclusiones coinciden con las investigaciones y auditoría que hizo pública el mes pasado la Secretaría de la Función Pública sobre el Paso Exprés, y que arrojaron 22 observaciones, 24 expedientes con responsabilidad administrativas y la sanción a ocho funcionarios, uno de la Comisión Nacional del Agua y el resto de la SCT. En conferencia de prensa, Guadarrama explicó que encontró responsabilidades directas en la SCT, Banobras, cuatro empresas dedicadas a la construcción, vigilancia, coordinación y supervisión de calidad de la obra carretera. También al ayuntamiento de Cuernavaca, por no cerciorarse de las obras de alcantarillado y recolección de basura en el perímetro; finalmente, la recomendación está dirigida al gobierno de Morelos, por no responder a tiempo en el rescate de dos víctimas.

El caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo.

“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, BANOBRAS y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune”, detalló Guadarrama.

Coincidencias con SFP

Los 15 puntos técnicos que la CNDH presentó a partir de “información desordenada y confusa”, casi todos coinciden con 22 observaciones de la SFP sobre la existencia de pagos en exceso, falta de información documental e inadecuada supervisión. Los puntos van desde que SCT no realizó las medidas por “socavaciones severas” en el drenaje, la inexistencia de “un Proyecto Ejecutivo (…) al momento de la convocatoria de las bases de licitación”. Pese a estas similitudes y que la Función Pública concluyó sus casos, la CNDH le entregará copia de la recomendación “para una investigación integral” que Guadarrama consideró “metalegal”. A la Procuraduría General de la República solicitó el organismo que investigue porque hay impunidad “al no haber responsabilidades penales”.

Dos muertos más

Un año después del accidente en la carretera a Cuernavaca, la CNDH detalló que el proceso de reparación del daño no ha sido cubierto por completo; existen otras dos víctimas por la obra. Y que también se violó el derecho a la vida de cuatro víctimas del Paso Exprés y el derecho a la información a las familias de los fallecidos. La tercera víctima falleció el 12 de octubre de 2016, “al circular en una motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, mismo que le causó la muerte”. El cuarto fallecimiento se registró el 14 de julio de 2017, dos días después del socavamiento, una persona “al caer de un paso peatonal que no tenía barandal ni algún tipo de señalamiento de peligro”.