En noviembre de 2016, pocos días antes de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales, el portal de noticias Slate publicó lo que parecía ser una historia explosiva que conectaba el imperio corporativo del presidente con un prominente banco vinculado al Kremlin. La historia, que usó como guía los rastros virtuales que dejan las DNS, el sistema informático global que sustenta a internet, afirma que hubo un patrón de comunicaciones encubiertas entre un servidor de correo electrónico de la organización Trump y Alfa Bank. El reportaje tenía serios problemas técnicos, pero el hecho de que parecía estar sucediendo algo extraño valía la pena ser verificado.
Hoy, el banco protagonista de la controversia libra una campaña legal intimidatoria contra una profesora estadounidense que ayudó a conectar los puntos para esa investigación: la libertad académica e intelectual está siendo desafiada por los intereses del capital privado.
La historia de Slate se basó en parte en especulaciones (altamente informadas) de un pequeño grupo de científicos informáticos sobre si una lista de intercambios comunicativos entre servidores en Estados Unidos y Rusia podría haber significado la existencia de un canal secreto entre la organización Trump y el sector financiero ruso.
Algunos de estos datos sobre el tráfico de internet están disponibles de manera fácil y pública, mientras que algunos otros parecían requerir de una capacidad excepcional (aunque no imposible) de controlar el funcionamiento de internet. Todo el trabajo realizado por estos investigadores, aparentemente liderado por una celebridad en el mundo del internet que usa el seudónimo Tea Leaves, apareció cuidadosamente compilado y desapasionadamente argumentado.
Alfa Bank negó con vehemencia las conclusiones de los informáticos (y de Slate), alegando que el tráfico sospechoso en internet fue causado por spam de los hoteles Trump y que su reputación estaba bajo ataque bajo motivos políticos. Varios medios, incluyendo a The Intercept y The Washington Post, cuestionaron la solidez de la evidencia, señalando las lagunas técnicas y sugiriendo que los errores del servidor eran ciertamente sospechosos y valían la pena ser investigados, pero que probablemente no eran evidencia suficiente de comunicaciones encubiertas. El caso parecía demasiado jugoso para ser verdad.
Pero incluso si las denuncias sobre la existencia de comunicaciones encubiertas no llevaran a nada, el trabajo detrás de ellas no debería estar prohibido. Investigadores, periodistas y académicos deberían sentirse libres de cuestionar e indagar sobre cualquier sospecha relacionada con datos, incluso si esas sospechas se relacionan con una empresa grande, poderosa y conectada con Putin. Alfa Bank no lo ve así. En mayo de este año, el banco recurrió a Kirkland & Ellis LLP, un costoso bufete de abogados estadunidense, para escribir una carta a L. Jean Camp, una reputada informática e investigadora de la Universidad de Indiana, y partidaria vocal de las acusaciones hechas por Tea Leaves. Esa carta, reportada por primera vez por CNN, afirmaba que la investigación de Camp sobre la conversación secreta entre servidores había “alentado investigaciones sobre supuestos vínculos con la organización Trump” y que sus “actividades continúan promoviendo hasta hoy una investigación injustificada sobre la comunicación de Alfa Bank con la organización Trump”.
La carta agrega que “Alfa Bank está explorando todas las opciones disponibles para protegerse ... (incluido) el litigio y los elementos legales bajo la Ley de Fraude y Abuso Informático”, exigiendo además que Camp “conserve todos los registros” correspondientes a la investigación de Tea Leaves. Tal solicitud de preservación suele ser la antesala de una demanda. Más cartas vendrían en camino.
Los abogados de Alfa fueron más allá de la repetitiva y temible actitud del abogado, exigiendo que Camp no sólo entregara todas las comunicaciones relacionadas con el caso que haya tenido con miembros de los medios, sino que también divulgara su correspondencia completa con Tea Leaves, presumiblemente con el propósito de revelar su identidad y perseguirle. Como profesora en una universidad financiada con fondos públicos, la correspondencia oficial de Camp está sujeta a divulgación pública. Una carta posterior de Kirkland & Ellis hizo explícita esta amenaza:
“Dado lo anterior y las múltiples preguntas que han sido formuladas por los medios sobre este tema, incluyendo preguntas sobre el papel y las motivaciones de la profesora Camp, esperamos que tenga la disposición de trabajar con nosotros para llegar al fondo de esta desafortunada situación. Para tal fin, le pedimos que nos dé respuesta a las siguientes preguntas:
“1. ¿Dónde y cómo obtuvo la profesora Camp los registros de DNS que publicó en su sitio personal? “2. ¿La profesora Camp posee otros registros de DNS relacionados con este caso? “3. Si la profesora Camp no obtuvo personalmente los registros de DNS, ¿entonces quién se los proveyó, incluyendo el nombre de la persona, puesto y dirección de su trabajo? “4. ¿La profesora Camp conoce la identidad de la persona identificada en los medios como Tea Leaves? De ser así, por favor identifique a Tea Leaves por nombre, puesto y dirección de su empleo”.
Hostigamiento
En una tercera carta del abogado de Alfa a Camp, fechada el 21 de junio, el bufete se refiere a Tea Leaves como un “agente provocador” y hace peticiones aún más extensas, esta vez exigiendo saber qué contacto ha tenido Camp con otras personas en su comunidad académica. Con la amenaza de ser demandada por el banco más grande de Rusia y uno de los bufetes de abogados más poderosos en Estados Unidos aún sobre ella, la carta concluye asegurando el “respeto por la libertad académica de la profesora Camp”. Contactada por The Intercept, Camp comentó que está “bien” y que “la universidad es solidaria”, pero que éste es “un tema de libertad académica estadounidense bajo ataque”. Una carta publicada por Camp en su sitio web de la universidad muestra que Kirkland y Ellis también intentan obtener copias de los mensajes de sus cuentas de correo electrónico personales y universitarias.
Aunque las leyes de registros públicos generalmente no distinguen entre los ciudadanos estadunidenses y las entidades extranjeras que los utilizan, el propósito y el espíritu de tales leyes generalmente se entienden como un medio para hacer que las actividades del gobierno sean transparentes para el interés público. Camp trabaja para una universidad pública y es una empleada del gobierno, por supuesto, pero es difícil imaginar que leyes como el Acta de Acceso a Registros Públicos de Indiana fueron redactadas pensando en el bienestar de las megainstituciones financieras rusas.
Camp envió otras preguntas a su abogado, que no quiso hacer ningún comentario. Una consulta enviada a Viet Dinh en Kirkland & Ellis de alguna manera terminó con Jeffrey Birnbaum de BGR Public Relations, una firma basada en D.C. que representa a Alfa Bank. Birnbaum le dijo a The Intercept que el litigio era sólo una “opción” que Alfa Bank estaba considerando y restó importancia a cualquier amenaza legal real para Camp o sus colegas académicos e investigadores de ideas afines. Según Birnbaum, las cartas legales no constituyen ninguna amenaza legal, sino que “dejan en claro que lo que Alfa intenta hacer es aclarar todos los hechos sobre la actividad sospechosa que hemos visto”, y que Alfa “no quiere recurrir a acciones legales”. Sin embargo, Birnbaum no descartó ni negó que el litigio contra Camp aún esté sobre la mesa.
