Por la falta adquisición de mobiliario y de software sin acreditar su destino, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un posible daño a la hacienda pública por 182 millones 795 mil 139 pesos por parte del Banco del Bienestar.
En la tercera entrega de revisión de la cuenta pública de 2020, el ente fiscalizador concluyó que el organismo creado en la administración lopezobradorista tiene pendiente por aclarar 118 millones 295 mil 322 pesos, por la adquisición de mobiliario sin comprobantes de pago y anomalías en la construcción de sucursales en los estados.
Además, en el contrato suscrito con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), se detectó:
“Durante 2020 se realizaron pagos por 47 millones 393 mil 800 pesos por órdenes de trabajo relacionadas con el desarrollo e instalación de un nuevo sistema de core bancario; no obstante, el Banco no acreditó la implementación del mismo y su personal desconoce el estado de dicho proyecto”.
En tanto, en relación con el contrato AD/01/01/2020 y su convenio modificatorio, celebrado entre INFOTEC y Fintecheando, S.A. de C.V., se identificó:
“Se realizaron pagos por 17 millones 106 mil pesos por concepto de adquisición, adecuación, instalación, soporte y mantenimiento de un sistema de core bancario ‘MIFOS’ para el Banco del Bienestar; sin embargo, el Banco no acreditó la implementación del mismo y su personal desconoce el estado de dicho proyecto”, revela.
Por estas anomalías, la ASF determinó nueve recomendaciones al desempeño, siete recomendaciones generales, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que quedarán en manos de la Secretaría de la Función Pública, una solicitud de aclaración y cinco pliegos de observaciones que llegarían a la Fiscalía General de la República.
Obras más costosas
En relación a las obras públicas, el ente público no realizó estudios para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de 49 sucursales en los estados, por lo que se realizaron trabajos fuera de catálogo, lo que incrementó el costo de cada sucursal desde dos millones 11 mil pesos hasta cuatro millones 233 mil 800 pesos.
Las sucursales fueron edificadas sin obtener los permisos, licencias y derechos de los inmuebles, por lo que “ni se tiene la certeza jurídica de la posesión ni la puesta a disposición de la Sedena de los inmuebles en los que se realizarían las obras”, enfatiza el informe.
“No se cuenta con la documentación justificativa de las obligaciones de pago, estimaciones y números generadores relacionados con los procesos que comprenden la ejecución, control y supervisión de 32 sucursales por un monto de 70 millones 41 mil 600 pesos”, detalla la ASF.
Existen otras 17 sucursales construidas en las mismas condiciones y sin ser operadas, cuya irregularidad asciende a 37 millones 772 mil 200 pesos.
El Banco del Bienestar tampoco acreditó la realización de las bitácoras de obra, la comunicación de la terminación de los trabajos, ni la elaboración del acta de entrega recepción de cada sucursal concluida.
“No se ejecutaron las partidas de ‘Salida a toma municipal’ sanitaria y ‘salida a toma municipal’ hidráulica y en su lugar se instalaron 14 sistemas biodigestores incluidos en el presupuesto del convenio modificatorio y una fosa séptica por un monto de 176 mil 800 pesos en 15 sucursales”, se expone.
Así que el ente fiscalizador reportó un pago adicional de 275 mil 400 pesos por cambios en las obras. “Mientras en el proyecto estructural se indican cuatro columnas en fachada, en cinco sucursales solo se cuenta con tres columnas y en otras cuatro no se cuenta con ninguna; y sin que se haya acreditado contar con el dictamen de un especialista calificado que garantice que las modificaciones efectuadas no comprometen la seguridad estructural de los inmuebles”, se alerta.
Tampoco se acreditó la realización del control de calidad ni los reportes de laboratorio de los materiales utilizados establecidos en los costos indirectos de las obras en las 32 sucursales revisadas, lo que representó un monto por 606 mil 700 pesos.
Tecnología, 7 mdp más
La ASF también detectó irregularidades en la contratación de servicios relacionados con la implementación de tecnologías de información y comunicaciones.
Entre la cadena de anomalías reportadas, se precisa que existen deficiencias en los procesos de investigación de mercado, los estudios de factibilidad y de costo beneficio, así como en la elaboración, revisión, suscripción e integración de los expedientes de los ocho contratos y 10 convenios modificatorios revisados que no permiten garantizar contrataciones que cumplan en términos de transparencia.
Se identificaron diferencias por siete millones 222 mil 900 miles pesos adicionales entre las facturas emitidas por los distintos proveedores y los pagos registrados en la cuenta pública de 2020 por los servicios prestados al Banco del Bienestar.
El Banco no proporcionó evidencia de los estados de cuenta, transferencias bancarias o comprobantes correspondientes a los pagos efectuados por los servicios recibidos y que permitieran acreditar la procedencia de los recursos utilizados y su fecha de aplicación.
Se observaron deficiencias en la calidad y supervisión de los entregables de los diferentes servicios proporcionados, ya que existen documentos con errores de redacción, hay reportes de atención de incidentes y solicitudes de órdenes de trabajo que no incluyen la fecha de atención o que se encontraba en proceso a la fecha de la auditoría (noviembre de 2021) y se encontraron reportes que no cuentan con firmas que acrediten su validación por parte del administrador de contrato.
Evitar el efectivo
El ente fiscalizador también recomendó al Banco del Bienestar a disminuir la entrega de los recursos a través de efectivo a los beneficiarios.
“Disminuya el manejo de efectivo en la dispersión de dichos recursos, a fin de ofrecer servicios bancarios a los beneficiarios de los programas sociales y eliminar el manejo de dinero en efectivo en la dispersión de los recursos de dichos programas”, sugiere la ASF.
