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Tras la solicitud de 20 organizaciones sociales para establecer un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad (MICIM), la alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo no estar segura de que entre sus atribuciones se encuentre gestionar ante el secretario general de Naciones Unidas ese instrumento, de acuerdo con fuentes que estuvieron presentes en las reuniones que sostuvo con la sociedad civil.
Y es que, en su reciente visita a México, la expresidenta de Chile conoció la verdadera dimensión de la violencia que se vive en nuestro país, junto con una petición largamente esgrimida por las organizaciones sociales.
›Aunque la propuesta fue escuchada con atención, de acuerdo con fuentes que estuvieron presentes en las reuniones que sostuvo con la sociedad civil, Bachelet respondió no estar segura de que entre sus atribuciones se encuentre gestionar ante el secretario general de Naciones Unidas ese mecanismo.
Según la solicitud entregada a la funcionaria de la ONU, el Mecanismo estaría facultado para investigar y en el caso que sea necesario, ejercer acción penal por delitos que atenten contra la libertad, la integridad personal y la vida, así como hechos de corrupción o despojo de tierras indígenas. Algo parecido a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que opera en Guatemala como órgano independiente que brinda asesoría al ministerio público y con el que se logró enjuiciar y encarcelar por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina.
Uno de los argumentos empleados fue que en 2016, luego de visitar México, Zeid Raad Al Hussein, entonces alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recomendó al gobierno de Enrique Peña Nieto establecer un Consejo Asesor que combatiera la impunidad en el país. Y que tras dos años de análisis y ante un contexto similar, las organizaciones de la sociedad civil se convencieron de la necesidad de implementar el MICIM.
Otra de las solicitudes extraordinarias que enarbolaron las organizaciones sociales fue la instalación de una Comisión Nacional de la Verdad para esclarecer y reconocer violaciones graves a los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad que requeriría del acompañamiento técnico la Oficina del Alto Comisionado.
“Concuerdo con la reivindicación de las familias y organizaciones en la conveniencia de crear mecanismos como una Comisión de la Verdad”: Michelle Bachelet.
Esta petición sí tuvo eco en Bachelet. “Concuerdo con la reivindicación de las familias y organizaciones que las acompañan de la conveniencia de crear mecanismos adecuados, uno de los cuales podría ser la creación de una Comisión de la Verdad para garantizar el acceso a la verdad de las víctimas y de toda la sociedad. Como les dije a los altos cargos gubernamentales, no se puede avanzar hacia el futuro sin esclarecer las sombras del pasado”, declaró el 9 de abril, en el último día de su visita, luego de entrevistarse con organizaciones de la sociedad civil de la capital, de Monterrey, Nuevo León y de Saltillo, Coahuila.
Fuentes consultadas por ejecentral señalan que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanas quedó sorprendida ante los recortes a políticas públicas que realizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que fueron expuestas por las organizaciones sociales, entre ellas figura la eliminación de los apoyos a las estancias infantiles y a los refugios para mujeres víctimas de violencia.
En ese aspecto, Michelle Bachelet se centró en la necesidad de crear programas sociales sustentables, es decir, entender la importancia de separar los derechos sociales de la economía: por lo que mostró interés de conocer más información de lo que pasa en el país, ya que los vaivenes de la economía, expuso, no pueden determinar la continuación de los programas sociales.
Diagnóstico nacional
En su presentación con medios, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos adelantó que su oficina presentará un diagnóstico para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. “Sería importante fortalecer a los mecanismos de alerta temprana”, puntualizó.
Además, señaló que apenas en lo que va del año, nueve defensores de derechos humanos y cuatro periodistas fueron asesinados; crímenes que se suman a los 24 homicidios de informadores que se registraron en 2017 y 2018.
›“Desde aquí hago un llamado a las autoridades para que refuercen el Mecanismo de Protección (…) Varios representantes de colectivos defensores y periodistas señalaron en mis encuentros con ellos de que la protección proporcionada es insuficiente”, abundó.
Esto porque de los datos aportados por las organizaciones le hicieron ver a la comisionada que sobre todo las mujeres defensoras de derechos humanos son las que se encuentran en una situación más crítica, puesto que de 2010 a marzo de 2019 se ha documentado el asesinato de 51 defensoras.
Ante este panorama violento, Michelle Bachelet se comprometió a emitir recomendaciones, darles seguimiento y reconocer que el diagnóstico que tenía del país coincidió con el de la sociedad civil.
La comisionada aconseja a México:
Suscribir el Acuerdo de Escazú.
Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
Consultar a pueblos indígenas.
Ratificar el Convenio 189 de la OIT.
Concretar la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
