Ayotzinapa: recuento de una década sin justicia para las víctimas
El 26 de septiembre de 2014 marcó una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014 marcó una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
A lo largo de estos diez años, las investigaciones y testimonios han arrojado luz sobre un componente crítico que ha complicado la búsqueda de justicia: la participación y responsabilidad del Ejército mexicano.
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Este componente resultó ser el más reciente en el caso de la desaparición de los normalistas debido a que se convirtió en una de las principales discrepancias entre las víctimas en el gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno federal explicó en una carta difundida ayer, y dirigida a los padres de los desaparecidos en la cual se cuestionó la versión que culpa por completo del caso al Ejército mexicano, así como del supuesto ocultamiento de los documentos que demostrarían dicha versión.
“Aparecen involucrados militares, (pero) estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o porque esa noche salieron soldados del batallón que fueron a la comandancia (en Iguala), que fueron a un hospital, aunque no participaron en la detención desaparición de los jóvenes sí pueden resultar responsables por el delito de omisión, al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los jóvenes”, dijo.
Ayotzinapa, la desconfianza creciente hacia el Ejército
Durante los primeros años de investigación, se centró la atención en la llamada “verdad histórica”, una narrativa oficial que señalaba al crimen organizado como el único responsable de la desaparición; sin embargo, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión de la Verdad comenzaron a evidenciar un patrón preocupante de ocultamiento por parte del Ejército.
Las familias de los estudiantes han sido consistentes en una exigencia: el esclarecimiento total del papel de las fuerzas armadas. A pesar de las promesas del gobierno de López Obrador para proporcionar toda la información disponible, los padres de los desaparecidos denuncian que el Ejército sigue simulando la entrega de datos. La entrega incompleta de reportes clave y las declaraciones contradictorias de militares han aumentado la sospecha de que las fuerzas armadas no solo fueron cómplices, sino que activamente han obstaculizado las investigaciones.
El Ejército: más que observadores pasivos
Uno de los puntos más críticos en la cronología del caso es la revelación de que uno de los estudiantes desaparecidos, Julio César López Patolzin, era en realidad un soldado infiltrado entre los normalistas.
Este hecho, confirmado por la Comisión de la Verdad, plantea serias interrogantes sobre las acciones del Ejército la noche de la desaparición. A pesar de tener información en tiempo real sobre lo que sucedía, los informes sugieren que las fuerzas armadas no actuaron para proteger a los estudiantes, incluyendo a su propio infiltrado.
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El GIEI y otras organizaciones han documentado cómo, desde los primeros días de la desaparición, el Ejército ha proporcionado versiones contradictorias de su participación.
Testimonios vagos, modificaciones en las declaraciones y la negativa a abrir los cuarteles para una investigación exhaustiva son solo algunos de los ejemplos de esta falta de transparencia. La negativa inicial del General Salvador Cienfuegos, entonces Secretario de la Defensa Nacional, a permitir el acceso a las instalaciones militares en Iguala se ha señalado como uno de los momentos clave donde el encubrimiento comenzó a tomar forma.
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Además, el descubrimiento de que el Ejército había realizado investigaciones internas y sanciones a algunos de sus miembros, pero había negado la existencia de estos procedimientos, refuerza la percepción de que las fuerzas armadas han priorizado proteger su imagen sobre la búsqueda de la verdad.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus primeros años de gobierno prometió abrir el caso y responsabilizar a todos los involucrados, ha visto deteriorada su relación con los familiares de los estudiantes. Lo que comenzó como una esperanza renovada, ahora se ha transformado en una confrontación abierta, con los padres de los normalistas acusando al mandatario de encubrir a las fuerzas armadas.
Los esfuerzos del gobierno por distanciarse de las versiones anteriores y aclarar el papel del Ejército han sido insuficientes para los familiares. A medida que se acerca el décimo aniversario de la tragedia, las expectativas de justicia parecen cada vez más lejanas.
Diez años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la búsqueda de justicia sigue como la principio. Aunque las investigaciones han revelado complicidades y omisiones, la verdad completa sobre lo ocurrido esa noche aún parece elusiva. Para las familias de los estudiantes, el papel del Ejército sigue siendo una de las barreras más grandes para alcanzar la justicia. DJ