El sábado pasado, en la esquina superior derecha de la primera plana del diario The New York Times, apareció a dos columnas una información muy negativa para el Gobierno mexicano. Titulada “Investigators Say Mexico Has Thwarted Efforts to Solve Students’ Disappearance”, se refería ampliamente, como señalaba su cabezal, a la forma como dentro del Gobierno mexicano habían frustrado los esfuerzos para resolver la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014. Pero una parte de ese largo despacho se refería a una campaña de desprestigio que había comenzado poco después de que refutaran la versión oficial del crimen, sintetizada popularmente como “la verdad histórica”, presentada hace 16 meses por el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam.
El Times recordó los orígenes de esa campaña mediática, que comenzó en las tres primeras semanas de noviembre pasado, cuando se acusó a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, el GIEI, de mal gastar el financiamiento del Gobierno mexicano y de haber apoyado actos terroristas en el pasado. A lo que se refería el Times específicamente era a la denuncia de José Antonio Ortega, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en contra de la experta Claudia Paz y Paz, de quien dijo había sido militante “del grupo terrorista guatemalteco”, Ejército Guerrillero de los Pobres, y a la cadena sistemática de publicaciones en el diario La Razón, de la Ciudad de México.
El 21 de noviembre, el GIEI se entrevistó con el Subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa, en cuya reunión uno de los expertos, Carlos Beristáin, le dijo que después de los ataques a Paz y Paz, la siguiente en la línea del desprestigio sería Ángela Buitrago, la cabeza más visible del GIEI. Campa, de acuerdo con varios participantes, le respondió que no le hicieran caso a La Razón, que era un periódico que nadie leía. Después de ello, Buitrago fue sometida a una intensa campaña de desprestigio en prensa y radio que después continuó contra el propio Beristáin (en este espacio se publicaron dos columnas críticas de él, y una réplica a los textos).
Minimizarlo tampoco llevó a nada. Sugerencias a altos funcionarios del Gobierno Federal para que frenaran la campaña, resultaron infructuosas en buena parte porque dentro de la propia administración hay halcones y palomas; es decir, una línea dura y una conciliadora. La línea dura se impuso, como en otros casos criminales de alto impacto, y a varios medios llegó información que, en ocasiones, ni siquiera había sido judicializada en la PGR. El Caso Ayotzinapa abrió una vena que no alcanzaron a ver en Los Pinos, donde habría que haber parado esta campaña, que rápidamente los alcanzaría en forma de denuncia mundial. La información del Times fue el colofón. Los organismos de derechos humanos en el mundo ya condenaron esta campaña, que es tema recurrente en la prensa internacional. Esto viene como si no tuviera el Gobierno suficientes problemas de credibilidad.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
