El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que reforma el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, en materia de desarrollo inmobiliario, mismo que establece que ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial.
La reforma aprobada establece que el mandamiento judicial debe ser emitido conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso, y que las personas afectadas por dicho acto, podrán solicitar a las autoridades competentes, su incorporación a los programas de vivienda del gobierno local.
También instaura los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia y respeto al debido proceso de las personas afectadas por los desalojos, en los que se procurará en todo momento la mediación, el diálogo y la conciliación.
La reforma aprobada por unanimidad, con 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones fue presentada en tribuna por el diputado de MORENA, Ricardo Fuentes Gómez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
El diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, indicó que la redacción original del artículo 60 “ponía de rehén a los propietarios cuando éstos tenían en comodato, en arrendamiento, o juicio para recuperar su propiedad”, por lo que lo ideal hubiera sido derogar el artículo.
Sin embargo –explicó Gaviño- “con la nueva redacción se logró un dictamen para buscar la conciliación, sin enfrentar el derecho a la propiedad con el derecho a tener una vivienda digna”.
Nazario Norberto Sánchez de Morena se congratuló de que en la nueva redacción se eviten los desalojos forzosos o violentos que dañaban los derechos humanos, y se deje en claro que las autoridades deberán respetar el debido proceso y de audiencia de las personas afectadas por dichos actos, además de que ya no se deja en la indefensión a los propietarios de los inmuebles, “lo que hace de esta ley que sea más efectiva y eficaz”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Temístocles Villanueva, de Morena, consideró que este artículo debería establecer de manera clara el derecho a la vivienda a las personas desalojadas de manera ilegal, tal como se establece en el Comité de Asentamientos Humanos de la ONU.
El legislador Villanueva recordó que en la capital se está presentando de manera reiterada el fenómeno de la “expulsión de las personas de poblaciones originarias de colonias y barrios por parte de desarrolladores inmobiliarios, que a través de juicios plagados de ilegalidades han sido víctimas de su violación al derecho a la vivienda”.
La diputada Margarita Saldaña Hernández, del PAN, y promovente de la iniciativa de reforma al artículo 60, reprochó a sus compañeros de parlamento: “no retrasemos las leyes, dejemos que caminen, porque tenemos varias pendientes, entre ellas de Planeación del Desarrollo y de Ordenamiento Territorial”.
El legislador Fernando Aboitiz, de Encuentro Social acusó que en la Ciudad de México “la corrupción llegó al Registro Público de la Propiedad, donde hay muchos predios intestados”.
Y explicó: “Las bandas de abogados se dedicaron a buscar estos predios, buscar prescripciones positivas, y apropiárselos; a pesar de que había personas que vivían ahí, lo más fácil era sacarlos, y como no pueden hacerlo por la vía civil, entonces recurrieron a la vía penal. Tan solo en lo que va de este año se han registrado 500 desalojos en la ciudad”, alertó.
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MM
