Autoritarismo, síntoma y causa de la crisis ecológica

El gobierno federal mexicano es, y seguirá siendo durante todo 2022, una decepción absoluta en el terreno ambiental. Mientras tanto la crisis ecológica se está agudizando en nuestros territorios e imponiéndose dentro de nuestras comunidades como la gran variable ignorada pero calcinante dentro de la vida política de nuestro país.

“Las políticas ambientales que ha lanzado el Presidente durante 2021 deben representar un llamado a la reflexión”, advierte Beatriz Olivera, investigadora en industrias extractivas y profesora del posgrado de ingeniería de la UNAM.

“Se le está apostando a un modelo basado en combustibles fósiles y se está dejando temas importantes de lado”, explica la investigadora, y añade: “La apuesta de este sexenio por los combustibles fósiles se ha vinculado con los megaproyectos, lo cual actúa en detrimento del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático”. Es así como proyectos como el Tren Maya, o el reempoderamiento de la novena empresa más contaminante del planeta, Pemex, mediante la construcción de la refinería en Dos Bocas, toman un terrible papel protagónico dentro del contexto nacional.

Militarización, violencia y despojo

Este proceso se enmarca además dentro de un aumento generalizado del autoritarismo, ejemplificado de manera descarada con el reciente acuerdo presidencial en el que las grandes obras y proyectos de infraestructura serán inmediatamente declaradas seguridad nacional. Así lo describe Olivera: “El acuerdo que acaba de publicar el Presidente representa violaciones a derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano.

“Este acuerdo abre la puerta a una falta de transparencia que no respeta ni a las leyes ni a la arquitectura institucional que se ha desarrollado en el país”.

“Pero el acuerdo no fue algo nuevo ni inesperado”, comenta por otra parte Sofía Castillo, activista y maestra en Gobernanza, Política Pública y Política Económica. “Este concepto de seguridad nacional se está movilizando para garantizar acuerdos que tienen una connotación extractivista. Tenemos múltiples presencias militares en territorios que se encuentran en oposición proactiva al extractivismo”, y pone de antecedente el decreto de 2020 en que la utilidad de recursos hídricos también fue establecida como seguridad nacional para con ello militarizar conflictos regionales como la crisis de agua en Chihuahua.

Ahora Castillo extiende su preocupación hacia el sur del país: “A causa de su oposición al Tren Maya, el territorio zapatista actualmente se está viendo atravesado por una militarización estatal bastante profunda. No solo existe la presencia de la Guardia Nacional sino también de grupos paramilitares que son financiados por gobiernos locales y/o federales”.

Dentro de ese marco, apenas hace una semana La Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq denunció la quema de tres aulas en la comunidad Moisés Gandhi por el grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

Se puede inferir que la violencia ambiental es generalizada. Según datos de la organización Global Witness durante 2021 nuestro país se convirtió en el segundo lugar con más asesinatos de defensores del territorio sólo detrás de Colombia; es terrible ver cómo el actual gobierno ha decidido lanzar leña al fuego mediante seguir dando luz verde a esta militarización fetichizada que históricamente ha aumentado –¡no ha disminuido!– la violencia dentro de los territorios que va ocupando.

“Para 2022 el presupuesto de la Guardia Nacional aumentará casi en un 70%” advierte Castillo, y finaliza con un terrible pronóstico: “Ahora inmediatamente se podrá legitimar y movilizar la presencia militar en el territorio para apagar las críticas y movilizaciones de las comunidades en contra de los proyectos de despojo y extracción”.

Con todo esto la Presidencia rompe el Acuerdo de Escazú, que había sido uno de nuestros pocos logros ambientales al ser ratificado por nuestro país este año. Probablemente es cuestión de tiempo para que ambientalistas de toda la República Mexicana emitan diversos amparos que verán la luz durante 2022.

Crisis climática

Es tiempo de aceptar el vínculo entre la militarización, la escasez de recursos, y la destrucción de la naturaleza. Es un problema global, y uno que se agrava ante la crisis climática. Recordemos que, aunque el aumento global de la temperatura ha sido de 1,2 °C, México es una de las regiones del mundo más vulnerables ante la crisis climática y por ello estados de la República Mexicana como San Luis Potosí, Hidalgo y Chihuahua han sufrido un aumento de la temperatura de entre 3.3 °C a 4.3 °C de 1985 al 2020, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Las consecuencias no han tardado en mostrarse en datos como los publicados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres: el impacto económico de los desastres en México aumentó en 2020 un 200% anual.

“Este problema afecta a México pero también va más allá de él,” comenta Sofía Castillo, “porque estamos viendo militarización por todos lados. Hay indicadores de militarización de las fronteras en el Norte Global, y un aumento del autoritarismo en países del Sur Global a causa de las crisis ambientales y sociales sostenidas en la región”. Da el ejemplo de países como Canadá, que hoy invierte 14 veces más en fortalecer sus fronteras que en financiamiento climático para mitigar el cataclismo. “Es importante hablar de eso porque parece ser algo que solo se seguirá acrecentando conforme avance la crisis climática.” Ante una situación así las actuales políticas ambientales, incluidas las que van por buen camino, dejan mucho que desear.

“Fue muy bueno el aumento del presupuesto de Semarnat, y creo que va a continuar esa tendencia”, menciona Olivera haciendo referencia al aumento de 27.5% para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022. “Solamente sí hay que buscar que ese presupuesto sea equitativo, pues la mayor parte de la inversión se dirigió directamente a Conagua”, añade. “Por ejemplo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sigue reduciendo su participación. Se sigue dando menos y menos recursos a la protección de áreas naturales”.

Resultado de esto es el reciente estudio de Oceana México, el cual señala que 39 Áreas Naturales Protegidas marinas en el país siguen fracasando a la hora de conservar arrecifes y manglares.

Necesitamos soluciones plurales y complejas, aunque yo sé que eso es difícil de pedir ante un gobierno que impulsa iniciativas negligentes como Sembrando Vida.

Mientras tanto la transición energética y justa sigue estancada. “Vamos a ver un retroceso en el tema energético ambiental”, comenta Olivera acerca del próximo año, “y mientras tanto hay que estar preparados para hacer frente a las críticas de un sector muy amplio de la población que sí está protegiendo al Presidente y respaldando sus decisiones”.

Manos a la obra. Las soluciones vendrán desde la gente, pero a final de cuentas no vale la pena caer en el catastrofismo, y es importante buscar soluciones. Para Sofía Castillo estas vendrán desde la pedagogía, “Tenemos que asegurar el derecho de todas las personas a entender la magnitud de esta crisis. Es bien importante aterrizar el lenguaje tecnocientífico a narrativas con las que las personas puedan asociarse mucho más y así entender”.

Frente a este consejo, probablemente sería inteligente escuchar a las nuevas generaciones que forman parte del movimiento climático, el cual más que cualquier otro sector del ambientalismo ha logrado posicionarse dentro de una crítica sistémica que es al mismo tiempo familiar y fácil de empatizar.

“El movimiento climático ya no está tan naciente como hace unos años, y está madurando cada vez más” comenta Malinali Castañeda, activista y licenciada en Ciencias de la Tierra que recientemente participó en la COP26 de Escocia como parte de la División Juvenil de Cambio Climático en alianza con Futuros Indígenas y #DefensorasDeLaTierra.

Sofía Castillo encuentra un problema fundamental a resolver: “Particularmente en México somos poblaciones atravesadas por crisis sistemáticas que no han parado, y es difícil abrir una conversación sobre creatividad política en medio de una crisis de desigualdad sostenida”. Justamente a esto Castañeda tiene una solución: “Importa que empecemos a hablar desde la interseccionalidad. Debemos hablar abiertamente sobre cuales son las intersecciones entre el movimiento ambiental y el machismo, clasismo, racismo, y más. Podemos hacer todo eso y al mismo tiempo aprovechar que hay grupos privilegiados que pueden ser buenos aliados para las personas vulnerables dentro de esta lucha”.

Lejos están los tiempos en que los temas ambientales quedaban relegados detrás de eventos más explícitamente significativos. Si la propuesta de Castañeda funciona es porque las dinámicas que construyen la crisis ecológica ya facilitan estas nuevas narrativas y le dan coherencia al resto de los acontecimientos políticos de nuestro país. Sabemos que el gobierno federal cuenta con un apoyo de más de 60% de la población en sus decisiones, mismas que han causado este deterioro ecológico y social; esto no significa que la población acepte una catástrofe ambiental que les daña directamente. Es allí donde la comunidad, a partir de una necesidad y el aprendizaje de estas nuevas perspectivas, podrá exigir los rumbos necesarios e inmediatos en materia de nuestra crisis ecológica.