La Portada | Autónomos alistan todas sus capacidades para defenderse

En pleno proceso electoral, en la recta final de su gobierno y aún sabiendo que no tiene los votos suficientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso de la Unión una reforma constitucional para desaparecer organismos autónomos. Del otro lado, desde las instituciones golpeadas por uno de los hombres más poderosos del país, ya se preparan estrategias legales y la defensa “a capa y espada” para la supervivencia.

Hay instituciones que han optado por el silencio ante la advertencia de que el 5 de febrero se presentará la reforma presidencial, es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En contraste, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tienen encendidos los focos rojos y los comisionados han buscado que López Obrador les abra la puerta de Palacio Nacional, pero los han ignorado.

“Entendemos que es campaña, también entendemos que está en un juego de medidas populistas, pero nosotros ni candidatos somos ni andamos en campaña, simplemente nos asiste la ley y trabajamos con la ley en la mano. Entonces, con la ley en la mano le queremos pedir una audiencia nuevamente al Presidente, ojalá y nos la conceda”, expuso la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

En entrevista con ejecentral, la comisionada opinó que el gabinete más cercano al Ejecutivo “no se atreve” a explicarle que si desaparece el Instituto, se pierden los contrapesos y la división de Poderes.

Al respecto, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, subrayó que al eliminar al órgano garante de la transparencia se atentaría contra la democracia.

¿Estaríamos hablando de entrar a un régimen autoritario?, se le preguntó en entrevista con ejecentral.

“Claro, por supuesto, porque entonces los regímenes autoritarios no permiten que la gente conozca la cosa pública, no permiten el debate, no permiten la confrontación de ideas. Es un Estado que impone y que da a conocer a la sociedad lo que quiere que se conozca, pero no permite un libre albedrío; una libre opinión de las ideas; un escrutinio público sobre el ejercicio de facultades, competencias y, por supuesto, del gasto público”, respondió.

¿Cuál es el riesgo real de que el gobierno absorba las facultades del INAI?, se le pregunta.

“Es que no las puede absorber porque las competencias del Poder Ejecutivo están acotadas al Poder Ejecutivo, entonces, volveríamos a ese esquema entre el 2002 y el 2014 en donde solamente el entonces IFAI podía resolver controversias por acceso a la información o protección de datos personales en contra de organismos paraestatales, descentralizados, desconcentrados, secretarías de Estado, pero quedarían fuera la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo, sindicatos, partidos políticos. Yo no concibo este país regresando 10 años atrás, mucho menos a más de 22 años cuando no había acceso a la información pública”, advirtió.

Además, recordó, el Instituto es la única autoridad competente en materia de protección de datos personales en el sector privado. Para este trabajo, recalcó que se requiere un amplio conocimiento técnico, pero no político.

El INAI ha sido de los órganos autónomos más golpeados por López Obrador. En enero de 2021, en uno de sus embates al organismo, el tabasqueño ofreció que su gobierno podría responder solicitudes de información en tres días. Promesa incumplida.

De acuerdo con un documento del INAI al que tuvo acceso ejecentral, la Administración Pública Centralizada, donde se encuentra la Oficina de la Presidencia y las secretarías de Estado, tardan en promedio 13.4 días para responder la información solicitada por los ciudadanos. Las instituciones que tardan más tiempo en entregar los datos son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 16.9 días en promedio.

El comisionado Alcalá Méndez dijo además que “hay un crecimiento exponencial” de los recursos de revisión que se presentan ante el INAI en contra de la Oficina de la Presidencia porque en la mayoría de las respuestas a solicitudes de información se alega la inexistencia de los datos.

Así, la comisionada Del Río Venegas añadió que tan sólo en los primeros 22 días de enero de 2024, ingresaron al INAI 991 recursos en contra de instituciones que niegan la información, 70% de esos recursos son por temas vinculados a las becas del Bienestar, IMSS, ISSSTE y Pemex.

Apuesta por el parlamento abierto

Trabajadores de las instituciones que gozan de algún grado de autonomía revelaron a este medio que además de la defensa legal, también se preparan para dar la batalla en el Congreso, por lo que apostarán por el parlamento abierto para exponer los resultados de su trabajo y los beneficios para los mexicanos.

Además del INAI, otras instituciones a las que el Presidente ha acusado de proteger a los corruptos, ir en contra de la austeridad, tener funcionarios con altos sueldos o ser sólo “floreros” son el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En algún momento de su mandato también arremetió contra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que no tiene autonomía constitucional, pero sí goza de autonomía presupuestal y técnica.

Durante 2021, cuando la institución cuantificó 55.7 millones de mexicanos en la pobreza, el primer mandatario expresó que él tenía “otros datos” y se pronunció por modificar las variantes de medición. En 2023, el Coneval anunció que 8.9 millones de personas dejaron de ser pobres y el tabasqueño lo festejó con un: “Me podría morir tranquilo”. Mientras tanto, en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha permanecido en silencio pese a los ataques constantes.

La comisionada presidenta de la Cofece, Andrea Marván, expresó, a través del área de Comunicación Social que no hablará de la reforma de López Obrador hasta que sea presentada y entregó un reporte de los logros de la institución: tan sólo en 2022, las sanciones que impuso el órgano por prácticas monopólicas llegaron a tres mil 028 millones de pesos, es decir, 391% más recursos que el presupuesto aprobado para la Cofece ese año.

Todas las instituciones defenderán su presupuesto, según trabajadores. El INAI, por ejemplo, enfatizará que el Instituto le cuesta a cada mexicano ocho pesos al año.

“Dice el Presidente que los recursos del INAI pueden ser trasladados para las pensiones, bueno, no es así. Este año tenemos mil 097 millones de presupuesto, de acuerdo con especialistas, esto es lo que gasta el país en 4.5 horas en entregar becas”, comentó la comisionada del INAI.

Pero no todos los autónomos han respetado el presupuesto aprobado en el Congreso, de acuerdo con la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en 2022, el presupuesto ejercido del IFT fue de dos mil 17 millones de pesos “cifra superior en 29.3% con relación al presupuesto aprobado, debido a los ingresos provenientes del 3.5% de Derechos por el uso del espectro radioeléctrico”.

Uso y abuso de los reguladores

El presidente López Obrador va por su segundo round en contra de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a las que quiso desaparecer hace dos años con la reforma eléctrica que no fue aprobada en el Congreso.

En el Legislativo ya se habla de una revisión al trabajo de estos dos organismos, mientras que el especialista en el sector energético y director general de GMEC, Gonzalo Monroy, consideró que hubo uso y abuso de ambos reguladores.

“La CRE y la CNH se crean como órganos técnicos, alejados de los vaivenes de la política y para dar certidumbre legal y regulatoria a muchos proyectos porque los ciclos de inversión del sector energético, típicamente, son de largo plazo (…) Hemos visto el uso y abuso de las facultades de los reguladores en esta administración para favorecer a las empresas productivas del Estado. La trampa es pensar que en México, Pemex y CFE son gobierno y no es así”, sostuvo Monroy.

El Presidente ha arremetido contra la CRE y la CNH al afirmar que “no sirven para nada” y que han tomado decisiones que perjudican a Pemex y CFE, mientras el gobierno les ha inyectado recursos millonarios para rescatarlas.

El tabasqueño no ha podido desaparecer estas instituciones, pero sí ha permeado en ellas. En 2020 se difundió un memorándum en el que les pedía a los reguladores regresar el rol dominante a las empresas productivas del Estado, lo que molestó a la iniciativa privada al considerar que se atentaba contra la libre competencia.

También ha podido colocar a personas afines. A principios de enero nombró a tres comisionados de la CNH sin experiencia en el mercado, entre ellos se encuentra la tabasqueña Martha Jiménez Oropeza, exfuncionaria del Insabi.

En la CRE han estado personajes afines a su gobierno, entre ellos José
Alberto Celestinos, quien al terminar su cargo en el regulador entró a la Secretaría de Energía y fue impulsor de la refinería de Dos Bocas.

Para Gonzalo Monroy “sería ideal” que la CRE y la CNH tuvieran autonomía como la del Banco de México o la Cofece, pero se debe hacer una buena revisión de su trabajo.

Sería un retroceso, añadió, que sus facultades fueran absorbidas por el Gobierno Federal.

¿La Secretaría de Energía puede tener las facultades de estos reguladores?, se le preguntó.

“Podría ser, pero sería regresar al modelo de antes, previo a 1997, donde todo estaba concentrado. Sería regresar a un modelo que vimos que se agotó, que era demasiado lento y que se contaminaba con las presiones políticas. Y hay que decirlo, el titular de la Secretaría de Energía es, a la vez, el presidente del Consejo de Administración, tanto de Pemex como de la CFE, lo cual sería un conflicto de interés”, advirtió.

SIGUE LEYENDO:

Salarios del gobierno subieron más de 45%

¿Cómo va el marcador en la recta final de la 4T?