La política de austeridad impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha agravado la fragilidad de los municipios para garantizar seguridad y ha alentado la colusión de agentes locales con el crimen organizado, reveló un estudio realizado por el International Crisis Group.
Titulado Los alcaldes olvidados de México: el papel del gobierno local en la lucha contra el crimen, la investigación señala que “el programa de austeridad fiscal del presidente López Obrador, que lanzó en 2019, un año después de su elección, ha reducido aún más los recursos disponibles para los gobiernos estatales y municipales para la seguridad pública”.
En particular, añade el documento, “recortó los subsidios que tradicionalmente habían sido destinados a municipios con altos niveles de violencia y destinados a la formación de policías y el financiamiento de la prevención del delito”.
Tras revisar la relación que existe entre el presupuesto hacia los municipios, las alternancias políticas y los índices delictivos, el estudio advierte que, ante la cancelación de subsidios, “las autoridades municipales han tenido que depender cada vez más de su propia recaudación de impuestos, mientras que la Secretaría de Defensa está administrando el presupuesto más grande en la historia de México”.
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Al destacar que las autoridades municipales son el principal blanco de la violencia de los grupos criminales, el análisis del International Crisis Group señala que “las asignaciones financieras de las autoridades federales y estatales para la policía local son miserables, lo que exacerba el riesgo de que los agentes se confabulen con organizaciones criminales y, por lo tanto, empeore la ya mala reputación de estas fuerzas”.
El organismo multilateral, especializado en investigaciones orientadas a prevenir guerras y conflictos armados, consigna que entre 2006 y 2022 han sido asesinados 220 alcaldes, exalcaldes y alcaldes electos en México, lo que representa un aumento de 900% respecto de la década anterior. De ellos, 68 han sido abatidos durante el gobierno de López Obrador, lo que equivale a 30% del total.
Las razones por las que los alcaldes son atacados pocas veces son transparentes, aunque generalmente se entiende que estos funcionarios están siendo castigados por su aparente apoyo a grupos criminales rivales o por negarse a cooperar con un equipo en particular.
Los alcaldes, sentencia Crisis Group, “a menudo enfrentan un delicado acto de equilibrio al negociar entre las demandas frecuentemente ineludibles de poderosas organizaciones criminales mientras manejan las expectativas de los electores y supervisan las fuerzas policiales locales hambrientas de recursos y acosadas por la baja moral”.
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