Para el Congreso de Estados Unidos las acciones que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para mantener el control de las personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica han sido insuficientes. Incluso señaló que ha ocurrido lo contrario, pues han incrementado tanto las detenciones como los abusos y riesgos para los migrantes.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense titulado Esfuerzos de control migratorio de México critica que las promesas del gobierno mexicano por atender el fenómeno migratorio en esa región que abarca los países de El Salvador, Guatemala y Honduras son contradictorias con el plan de austeridad y la poca inversión en recursos y políticas.
El informe señala que la decisión de no dotar de mayores recursos a la Comisión de Ayuda a los Refugiados (COMAR), que al cierre de 2021 rompió el récord con el mayor número de solicitantes de la condición de refugiado ha atrasado la ayuda a las personas refugiadas, aunque desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador se comprometió “a promover el desarrollo en Centroamérica como solución a la migración no autorizada”, reitera el documento.
Otro aspecto que indica el Congreso estadounidense es que, si bien desde abril de 2019 el gobierno de México ha asumido una “línea más dura hacia la migración”, en parte por las presiones del gobierno de Estados Unidos, como se reconoce en el informe, ha sido a partir del despliegue de la Guardia Nacional en labores de migración es que han aumentado las detenciones y las restricciones para la entrega de visas humanitarias, particularmente para los migrantes que viajan en caravanas.
“Los migrantes aumentaron su dependencia de contrabandistas para cruzar por rutas más peligrosas. Después de que México desplegó su nueva Guardia Nacional para la aplicación de la ley de inmigración en 2019, informes señalan que los malos tratos se incrementaron”. Como ejemplo se puntualiza un incidente de enero del año pasado, cuando policías estatales fueron acusados de asesinar a 19 personas, la mayoría migrantes mexicanos y guatemaltecos, en Santa Anita, Camargo, Tamaulipas.
El informe dice que si bien las intenciones del gobierno por profesionalizar al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y mejorar su coordinación con las aduanas y las autoridades federales, estatales y municipales, los “esfuerzos de reformas” son insuficientes, pues “la corrupción dentro del INM y la impunidad de los delitos contra los migrantes” aumentaron su vulnerabilidad ante la delincuencia y otros abusos”.
ES DE INTERÉS |
