A DOÑA ELENITA, MI MADRE
Un tema sigue vivo: la búsqueda de la autonomía real de las auditorías estatales, así como de otros organismos vinculados a la fiscalización y a la transparencia presupuestal. La autonomía de gestión es insuficiente en lo local y así lo muestran lamentablemente antecedentes que han ocurrido, por ello habrá que avanzar en dar soluciones a los temas presupuestales, de gobierno abierto, y en el fortalecimiento institucional.
Se han dado capítulos bochornos, que ya no queremos que sucedan, pero que han pasado. Recordemos lo ocurrido hace algunos años, en el Congreso de San Luís Potosí e indirectamente en la Auditoría Superior del Estado, en donde se difundió un video en el cual un diputado pretendía extorsionar a un presidente municipal para la solventación de sus observaciones pendientes en su cuenta pública. Ello provocó renuncias de los legisladores involucrados y la dimisión del Auditor Superior del Estado, cuyo nombramiento terminaba hasta 2021. Lo que quedó fue una institución debilitada ante sus fines y los ciudadanos.
Otro suceso fue la detención del Auditor Superior de Chihuahua, cuyo periodo de gestión estaba próximo a terminar en 2017, quien renunció meses antes de que concluyera su periodo, debido a acusaciones de usar dinero de la auditoria para pagarse unas vacaciones, algo que pareció en principio ridículo tratándose de un funcionario que conoce los mecanismos de fiscalización. Antes del 13 de junio de 2017, en entrevista local había señalado el fracaso del combate a la corrupción en Chihuahua. Habló también de la impunidad de los diputados locales y calificó de nidos de la corrupción local al sector salud, educación y obra pública.
Lo anterior nos permite comentar una inquietud permanente, la de garantizar la independencia de los responsables de la fiscalización local. Si bien el tiempo de permanencia desde 2008 de los responsables de la fiscalización superior de las entidades federativas no puede ser constitucionalmente menor a siete años, la realidad es otra. Los auditores cuando cambian los gobiernos renuncian o los presionan para que se vayan antes de lo previsto legalmente.
Por ello desde la Auditoría Superior de la Federación se mantiene la preocupación respecto a la garantía de permanencia en el cargo de los auditores superiores estatales, ya que se percibe que cada gobierno nuevo, quiere el auditor a su modo. Por supuesto que hay excepciones.
Al respecto en un Informe de competitividad estatal publicado en 2010, se presentó un cuadro sobre la permanencia de los tres últimos auditores en cada estado. Con cifras de 2008 solo tres auditores terminaron su ciclo de 84 meses. Está en proceso la actualización de dicha cifra, sin embargo, casi una década después aún persisten amenazas a la estabilidad laboral de los auditores estatales en algunas entidades federativas.
Cuando ellos quieren trabajar bien y, son la mayoría por supuesto, algunos se enfrentan con la carencia de garantías reales de independencia para su trabajo.
Hay muchas formas para forzar la renuncia si los resultados de las auditorías no gustan políticamente, tales como la restricción presupuestaria o el acoso político y mediático; eso ha sucedido sobre todo en los cambios de gobierno local.
Cabe comentar que ha habido algunos auditores que no solo han sido aliados políticos, sino subordinados de los gobiernos estatales llegando a hacer gestiones por ellos. Lo más grave es cuando alguno ha participado indebidamente en procesos electorales; pero siempre se les detecta. Ahí sí, nada que hacer.
Este panorama pone énfasis en la importancia reiterada de la federalización de los auditores estatales, lo que implicaría garantizar una independencia real y extender los alcances de la fiscalización superior, aportando mejores resultados a la lucha contra la corrupción.
