Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el que presenta los mayores promedios anuales de recursos sin recuperar o aclarar, también caracteriza por recibir el menor número de acciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar el destino de esos fondos desviados o gastados al margen de la normatividad.
Por ejemplo, cuando los investigadores de la ASF detectan que hay gastos sin la debida documentación o comprobación, giran a las diversas dependencias “solicitudes de aclaración”.
En lo que va de este gobierno se han emitido 442 solicitudes, lo que da un promedio de 147 al año, lo que dista mucho de las 560 anuales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las 402 anuales en la gestión de Felipe Calderón y las 335 por año durante la administración de Vicente Fox.
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Entre 2019 y 2021, primeros tres años del gobierno de López Obrador están pendientes de recuperar 152 mil millones de pesos, lo que arroja una tasa de 2.9 solicitudes de aclaración por cada mil millones de pesos de los cuales no se tiene claro su destino. Dicha tasa es inferior a la de 11.5 solicitudes por cada mil millones de pesos gastados irregularmente en la gestión de Peña Nieto y a la de 58.3 de Calderón.
Otro instrumento con el que cuenta la ASF para penalizar el mal manejo de los recursos públicos son las “promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”, que son expedientes que arma el órgano fiscalizador para sustentar que hay elementos para sancionar a los servidores públicos que manejaron recursos al margen de la ley.
En lo que va del gobierno lopezobradorista se han emitido 3 mil 675 promociones, lo que arroja una tasa de 24.1 sugerencias de sanción por cada mil millones de pesos con anomalías.
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Esa tasa es inferior a la de 48.3 con la gestión de Peña Nieto (cuyo gobierno dejó 209 mil millones de pesos sin aclarar), la de 229.8 de Calderón (que heredó 41 mil 455 millones de pesos con irregularidades) y a la de 2 mil 331 de Fox (en cuyo cargo quedaron 611.4 millones de pesos sin justificar).
Otro indicador que demuestra que la ASF se ha ablandado durante la llamada Cuarta Transformación son las “denuncias de hechos” que se presentan ante las autoridades de procuración de justicia cuando hay indicios para presumir una acción concertada para desviar recursos públicos.
En lo que va de la gestión de López Obrador se han emitido 12 denuncias de hechos, lo que equivale a 0.078 demandas por cada mil millones de pesos gastados al margen de la norma.
Con Peña se emitieron 405 denuncias (1.3 por cada mil millones de pesos con anomalías); con Calderón hubo 706 denuncias (17 por cada mil millones de pesos irregulares) y con Fox se entablaron 13 demandas (21 por cada mil millones de pesos sin comprobar).
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