La falta de respaldo de los empresarios mexicanos, la polarización que genera el tema de la seguridad entre los partidos políticos y la burocracia que rodea a los cuerpos policiacos y militares son algunas de las razones que explican el fracaso de la Iniciativa Mérida en México, comparado con el éxito que tuvo el Plan Colombia en el país sudamericano.
Esta es una de las conclusiones a las que llega Paul J. Angelo, director del Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en un libro de próxima aparición en el que argumenta por qué el Plan Colombia es un ejemplo positivo de cooperación de Estados Unidos con países latinoamericanos en materia de seguridad, mientras que el esquema con México —aplicado en tiempos del presidente Felipe Calderón— no dio buenos resultados.
Titulado “From Peril To Partnership” (Del Peligro a la Asociación), el libro sostiene que el Plan Colombia —concebido en 1999, durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton— “tuvo un éxito singular debido a importantes contribuciones financieras de las élites empresariales nacionales para financiar un sector de seguridad reformado”.
El texto parte de la hipótesis de que son los presupuestos nacionales los que garantizan la continuidad de las reformas en materia de seguridad, luego de que las ayudas internacionales se retiran. En tal sentido, la capacidad de un gobierno para mantener programas duraderos depende de la aceptación de las élites empresariales nacionales.
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El caso de México, “las élites empresariales no apoyaron al sector de seguridad en la misma medida que lo hicieron sus homólogos colombianos”, señala Angelo, quien realizó trabajo de campo para sustentar su investigación. “Esto demuestra que la ausencia de participación de las grandes empresas en la reforma del sector de seguridad puede tener un efecto adverso”, agrega.
En segundo lugar, Angelo plantea que la reestructuración de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y defensa de los derechos humanos requieren un trabajo sostenido durante años o décadas, por lo que “los gobiernos con grandes divisiones políticas son vulnerables a una implementación incompleta de las reformas”.
Según el autor, Colombia logró “la estabilidad de su visión estratégica sobre la mejora de la gobernanza del sector de seguridad durante más de una década gracias al consenso nacional entre partidos”.
En México, sin embargo, “la seguridad se convirtió en un tema partidista polarizante y, por lo tanto, los esfuerzos de reforma fueron vulnerables a modificaciones y reorientaciones cuando el ejecutivo cambió de partido en 2012 y luego nuevamente en 2018”, en alusión a la llegada al poder de Enrique Peña Nieto primero y de Andrés Manuel López Obrador, después.
La Iniciativa Mérida fue un programa de cooperación de seguridad establecido por los gobiernos de México, los países de Centroamérica y Estados Unidos. Se firmó en junio de 2008 por los gobiernos de Felipe Calderón y George Bush con el objetivo de luchar contra las organizaciones criminales, reducir el trasiego de drogas y mejorar la seguridad fronteriza.
Entre 2008 y 2010, el Congreso de Estados Unidos autorizó más de mil 500 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, incluidos 420 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero (FMF), lo que permitió la compra de equipos, incluidos aviones y helicópteros, para apoyar a las fuerzas de seguridad federales de México (militares y policiales).
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En 2011, los gobiernos de Estados Unidos y México ampliaron el alcance de la Iniciativa Mérida, de tal manera que además de combatir a los grupos criminales, la colaboración permitiría el fortalecimiento del sector de justicia penal, la regularización de los flujos fronterizos y la aplicaciones de programas encaminados a reducir la violencia y el consumo de drogas.
Sin embargo, a partir de 2012, con la llegada al poder del presidente Peña Nieto, la colaboración se enfrió y no se dio seguimiento a los objetivos del programa. Después, con el arribo de López Obrador, el proyecto se desechó, se dio vida al llamado Entendimiento Bicentenario y se limitó al máximo la cooperación con agencias estadounidenses.
El tercer factor que, desde la óptica de Angelo, llevó al éxito del Plan Colombia y al fracaso de la Iniciativa Mérida es la burocracia en las instituciones de seguridad.
En el caso sudamericano, la aplicación de reformas y programas fue acompañado de un rediseño institucional que concentró las tareas de seguridad en el Ministerio de Defensa, lo que simplificó la adopción de reformas, prácticas y acciones patrocinadas por Estados Unidos.
Por el contrario, en México, “la proliferación de la seguridad en las instituciones y la dispersión de la autoridad alentada por el sistema federal descentralizado del país socavaron los objetivos de la Iniciativa Mérida”.
De acuerdo con el autor, el análisis de estos dos ejemplos lleva a la conclusión de que “una burocracia de seguridad centralizada que vincula a los proveedores de seguridad a nivel nacional con las comunidades locales parece estar mejor equipada para neutralizar a los saboteadores de un plan de colaboración”.
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