El plano digital de las redes sociales se ha convertido en un verdadero campo de batalla para periodistas, representantes de medios de comunicación e incluso para cualquiera que sea crítica con las decisiones del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Para especialistas en el tema y organizaciones internacionales como Article 19 (Articulo 19), dedicada a defender la libertad de expresión y el derecho a la información, la confrontación digital es una constante e implica un latente riesgo de que estas violencias se trasladen al plano físico.
En México cada 24 horas se registran 1.6 agresiones contra algún representante de la prensa, es decir, hay más de una agresión al día que se traslada al mundo digital en la que se advierte que la intención de quienes operan estas redes o discurso de confrontación es la de silenciar al mensajero, y en consecuencia que el mensaje no llegue a las audiencias de los medios de comunicación, a la ciudadanía en general.
“Esa intención de callar al mensajero, de pervertir los mensajes que emiten los mensajeros (periodistas y comunicadores) es la misma en la escena física que en la escena digital. Lo que sucede claramente es que la esfera digital se tiene la posibilidad de llegar a muchas mas personas, de atravesar fronteras, de lograr que el mensaje llegue de manera más rápida a la gente”, sostuvo Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Article 19 para México y Centroamérica.
En entrevista con ejecentral, la abogada y maestra en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey subraya que en este panorama, “las redes (sociales) se convierten en un medio de ataque y cualquier tipo de disidencia o crítica hacia el gobierno o los gobiernos (estatal y municipal) se convierte en un código de guerra para atacar al emisor del mensaje”.
Y advierte: “Lo que vemos en México es que esa intención que antes decíamos que había una política de Estado que buscaba controlar la información que llegaba a la gente (…) se traslada al espacio físico y la forma de atacar al mensajero y controlar la informacion que llega a la gente es justo a través de estas redes articuladas o esta automatización de los ataques de periodistas, de disidentes o de personas críticas”.
Pero no se trata de un fenómeno nuevo o exclusivo de los gobiernos en turno. Para Ana Cristina Ruelas esta forma de ataque es usada por distintas instituciones, lo cual lo convierten “en una guerra, en la cual desgraciadamente y desafortunadamente los mensajeros somos los más atacados”.
›En el contexto de la presentación que este martes se dio del Informe Anual de Article 19, titulado Disonancia: voces en disputa, la activista destaca que en el informe de la organización fundada en 1987, “hacemos énfasis en la necesidad de las voces que quieren hacerse escuchar, es decir, aquellas voces que quieren mandar el mensaje pero son atacadas constantemente y desgraciadamente hacen que su mensaje se difumine”.
Cuando el defensor es el atacante
“Le creo a todos y le creo a la directora de Notimex también (…) A Sanjuana y a Carmen Aristegui y a todos les creo. Pues tiene que llegarse a un acuerdo. A lo mejor va a pasar tiempo, pero todo se arregla. Y nada por la fuerza, ni a gritos ni a sombrerazos, ni mucho menos a insultos, con insultos. Serenidad”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado en la conferencia mañanera del 22 de mayo respecto a los ataques en redes sociales contra periodistas, incluyendo a Carmen Aristegui, por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).
Información de Article 19, el portal Aristegui Noticias, y Signa_Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) reveló el 12 de mayo que Sanjuana Martínez, directiva de Notimex, habría ordenado y coordinado acosos y agresiones contra periodistas y ex trabajadores de la agencia noticiosa bajo la consideración de ser “adversarios”.
El testimonio del periodista Manuel Ortiz, exdirector de noticias internacionales de Notimex,referido en dicha investigación, señala que en abril del año pasado la directora le habría solicitado a él que directamente atacara (en redes) a Dolia Estevez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga. Tras su negativa se generó la molestia por parte de la funcionaria, quien según los señalamientos, dijo “ya déjalo así, yo lo hago desde mis cuentas”.
En un pronunciamiento público, Article 19, un amplio colectivo de organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y académicas urgieron al gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a iniciar una investigación ante el probable uso de recursos públicos de manera ilícita por parte de Notimex, en caso de comprobarse que la agencia noticiosa haya ejercido recursos para atacar a la prensa, lo cual calificaron de “condenable”.
“Hacemos un exhorto al gobierno federal para que se garanticen condiciones seguras para ejercer el periodismo y la libertad de expresión, así como que se emprendan acciones específicas que eviten el uso de recursos para socavar la credibilidad y legitimidad de los medios. Llamamos a poner fin a los ataques de cualquier tipo contra periodistas”, sostiene el comunicado del 20 de mayo, un par de días después de que el presidente López Obrador declinara involucrarse para buscar una resolución en la que referió:
“Ese tema de Notimex ahí se tiene que ir resolviendo; además, periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, ¿cómo no lo van a poder resolver el problema?, ¿para qué me voy a meter yo?”, subrayó.
Sobre el caso de Notimex, la directora de la Oficina de Article 19 para
México y Centroamérica, acusó que el mensaje por parte del gobierno y las autoridades encargadas de resolver dichas agresiones a través de webs, de cuentas automatizadas recae en la falta de rendición de cuentas, de no investigar, y lamentó:
“Se va a seguir dando porque lo que necesitamos es precisamente una investigacion puntual”.
¿Sabías que? En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número de periodistas agredidos representa un aumento de casi 100% respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña.
Palestra de la división
El informe anual de Article 19 documenta que durante 2019, el manejo de la información se consolidó como el “objeto de la guerra”, de la disputa entre quienes apoyan y defienden al gobierno en turno, y quienes son críticos del mismo.
Las prácticas para controlar la información, refiero la organziación, desde los polos o las élites implicaron el mayor número de agresiones contra periodistas del que se tenga registro en un año, con un total de 609.
Para el periodista Jorge Carrasco Araizaga, uno de los especialistas participantes de la mesa de discusión virtual respecto al informe titulado Disonancia: voces en disputa, el país atraviesa “una suerte de involución” en lo que el ejercicio de la libertad de expresión en México se refiere.
›“Involución o sofisticación del control de la información. Las conferencias (matutinas desde Palacio Nacional) son el gran instrumento de cualquier gobierno por querer controlar la agenda, pero la manera en que Andrés Manuel López Obrador lo hace es absolutamente nocivo en términos de una sociedad democrática, ese es el gran peligro”, advirtió el director de la revista Proceso, durante el foro de discusión convocado por Article 19.
Al señalar que la utilización que la Presidencia de la República hace de este recurso informático como son las conferencias, resulta la “máxima tribuna, el atril que impone el modelo de considerar que quienes están con él (presidente) son favorables al cambio, y quienes lo cuestionan son opositores”, Carrasco Araizaga sostuvo que, “no hay manera de ser disonantes, a riesgo de convertirse en blanco de ataques. Convivimos con nuevas formas de control”.
A manera de justificar el discurso de polarización y confrontación que el propio titular del Ejecutivo recurre con expresiones como: “el hampa” del periodismo”, “eso sí calienta”, o que “le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, cuando durante las conferencias mañaneras es cuestionado por los periodistas, o él mismo hace referencia a reportajes o artículos de opinión críticos de su gobierno, el mandatario arguye que siempre ejercerá su derecho de réplica ante los medios y que no se quedará callado ante las críticas y los cuestionamientos.
Sin embargo, Ana Cristina Ruelas sostiene que el término no se ejerce como debería, pues llamó a considerar que el derecho de réplica no significa nulificar la palabra del otro. “La réplica significa dar la suficiente información que contrarreste o que genere una contranarrativa a lo que está diciendo el otro emisor. El problema al momento de hablar específicamente de los dicursos del presidente, es que bajo el derecho de réplica él esta justificando la estigmatización hacia la prensa”.
Al destacar que el reciente informe de la organización se reitera que las sociedades tienen que definir cuál es la verdad que quieren hacer suya, bajo la consideración de que actualmente persiste una carencia de un debate amplio y público, pues al momento de que alguien, periodista o comunicador, brinda alguna información de interés público se le trata de nulificar no sólo desde la Presidencia, sino tambien desde los gobiernos estatales y las presidencias municipales, Ruelas Serna advierte que el discurso de polarización impacta negativamente y de forma directa en el ejercicio de la libertad de expresión de México y la percepción que en el exterior se tiene de ello, donde se procura desde el gobierno una condición de división social.
“Hay que tomar en cuenta que este tipo de discursos a nivel internacional son considerados como una forma de amenaza política para la libertad de expresión precisamente porque dividen a la prensa de sus audiencias . Finalmente lo más importante que los periodistas tienen son a quienes los leen, quienes los ven o los escuchan, y en ese sentido este tipo de cuetiones que hacen las autoridades es divorciar a la prensa de sus audiencias, para justamente alejar a las audiencias del mensaje que se preten hacer llegar”, subrayó.
Redes de protección
Considerando que México es uno de los países más complejos y de mayor riesgo para ejercer el periodismo, Cecilia La Hoz, abogada senior de la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apuntó durante el panel de discusión de Article 19 que las autoridades, en este caso los gobiernos, son susceptibles a un mayor número de críticas por lo que deben tener una amplitud de la tolerancia a la crítica, en razón de que, “están sometidos al escrutinio. Los pronunciamientos que ellos (gobiernos y autoridades) hacen no pueden tener un impacto negativo en la libertad de expresión sobre cualquier persona que difunda información”.
Por lo que la abogada de la Relatoría de Libertad de Expresión aseveró que tanto presidentes como altas autoridades tienen una mejor posición para hacer uso de su derecho de réplica, debido a que mantienen un mayor acceso a la prensa y los medios de comunicación para pronunciarse respecto a alguna nota periodística que consideran no les favorece.
A pregunta expresa de este periódico semanal respecto a cuáles serían los mecanismos a los que deberían recurrir periodistas o incluso cualquier ciudadano crítico del gobierno que resulte blanco de ataques y difamaciones, Cecilia La Hoz que los mecanismos de protección dependen mucho de las decisiones que cada Estado determinado toma, y en el caso mexicano están los mecanismos de protección determinados, el federal y algunos estatales, “pero claramente si estamos hablando de amenazas, hostigamientos o de acoso offline, porque online hay ciertos tipos de medidas que hay que tomar”, refirió.
Al respecto, subrayó, “por eso la importancia de un mecanismo que funcione, y no de un mecanismo que sea sólo reaccionario. Sino que prevenga, que proteja, y que en todo caso si ocurre algo pueda haber una investigación determinada que pueda en todo caso sancionar a responsables intelectuales o materiales. Pero aquí el acceso a la información es súper importante también porque hay muchos periodistas que no conocen cómo activar estos mecanismos dónde tienen que ir, qué requisitos tienen que cubrir”.
No obstante, reiteró que “obviamente es tarea del Estado y de sus propios mecanismos de hacer un formato sencillo de difundir este tipo de información, y explicar, no sólo de poner información en general como lo hacen en su página web sino darle una priorización para que las y los periodistas las conozcan y de acuerdo al determinado análisis de riesgo que se da en cada contexto de los casos se determine cuál es la mejor medida a tomar, siempre tomando en cuenta la opinión del beneficiario quien va a recibir la protección”.
Aunque las organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos reconocen como un paso positivo el que se haya reconocido que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del gobierno federal, necesitaba reestructurarse, como señala, toda vez que fue señalado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como “insuficiente para dar respuesta a las necesidades reales de protección” en el país.
La directora regional de Article 19 sostuvo que las deficiencias del mecanismo tienen mucho que ver con la concepción que se tiene del Estado, de las más altas autoridades, en no reconocer la necesidad de una política integral de protección, pues advirtió que “mientras no haya una investigación eficaz de las agresiones contra los periodistas desde las fiscalías realmente no va a haber un incentivo negativo para que los perpetradores dejen de agredir”.
›Como parte de la labor que también periodistas y organizaciones de la sociedad civil tienen para acercar a la autoridad los elementos para que realicen su trabajo e investiguen las agresiones, Ana Cristina resaltó que existen otros mecanismos que pueden ser adoptados por los propios periodistas para tratar de disminuir los niveles de riesgos a los que se enfrentan.
En principio, señala, “yo creo que hay muchos elementos de seguridad digital en términos específicamente de los ataques que se reciben a través de las plataformas y redes sociales, que pueden ser implementados y que tendrian que ser adoptados en protocolos de seguridad en cada una de las casas editoriales o por los propios periodistas, ya sea desde mecanimos de verificación en cada una de las redes sociales porque también hay muchos casos de suplantación de identidad, de sustracción de información”, advirtió.
Para la organización independiente y apartidista, la manera mas eficaz de seguridad y de protección entre los periodistas tiene que ver con la generación de redes entre los propios informadores. Pues a decir de su directora en México, “en la medida que todos estén informándose sobre cuáles son las acciones que van a llevar a cabo y se protejan entre ustedes al hacer la cobertura periodística es algo muy importante porque de alguna manera se alertan sobre patrones de violencia y los posibles riesgos”.
“Es interesante ver cómo el trabajo colectivo, el trabajo en redes de los propios periodistas ha logrado generar una disminución de las agresiones en su contra; antes veíamos de manera constante las agresiones, y ahora estos periodistas que conforman estas redes van encontrando nuevas maneras de protegerse y comunicarse , incluso con trabajos colectivos que disminuyan los niveles de riesgo y tambien hacer salidas colectivas. Otra forma a través de la cual se puede disminuir el peligro es cuando se difumina de alguna manera la autoría de alguna publicación.
Largo camino por recorrer
Considerando que de las 609 agresiones documentadas en 2019, las más recurrentes fueron intimidación y hostigamiento, con 166 casos; amenazas, con 144 casos, y 62 ataques físicos. Los bloqueos, alteración o remoción de contenido en internet ocuparon el cuarto lugar, equivalente a 60 ataques. Donde todas las agresiones aumentaron, y el “uso ilegítimo del poder público” pasó de 22 ocurrencias a 46, duplicándose en sólo 12 meses, Cristina Ruelas hizo un llamado para que el hecho de que se reconozca la responsabilidad del Estado en estas agresiones no se quede en “la narrativa y la retórica de la violencia del pasado”.
›Y enfatizó: “está bien que se reconozca que anteriormente el Estado, o que siempre ha sido el Estado la mayor amenaza contra la prensa, pero requerimos acciones puntuales para una justicia completa, ¿qué queremos? Precisamente sentencia de los autores intelectuales, materiales; investigaciones exhaustivas y objetivas que nos permitan identificar por qué se atacó a un periodista”.
El campo de constante de disputa que se ha agudizado desde las redes sociales y las agresiones que de ahí se emanan no deben ser la excepción en esta labor por identificarlas, investigarlas y sancionarlas. Debido a que, “si un funcionario público o cualquier persona amenaza, intimida, hostiga o comete cualquier delito que esta tipificado en el código penal del mundo físico es un delito que tiene que ser investigado en el mundo digital. O sea el hecho de que se haga en el plano digital no los exime de una responsabilidad, mas aún cuando se trata de un funcionario público”, acusó Ruelas Serna.
La hostilidad de los liderazgos políticos en México hacia la prensa se disparó en 2019, junto con una militancia virtual del lopezobradorismo que ha logrado articularse para hostigar a quienes critican a la actual administración. Article 19 documenta el incremento de agresiones en contra de medios de comunicación, al pasar de 36, en 2018, a 70 en 2019.
El discurso estigmatizante hacia la prensa se ha expandido y reproducido en diversos lugares del país, impactando en el reconocimiento social del periodismo. Donde entre 49% y 53% de las agresiones en contra de periodistas provienen de agentes del Estado.
