Cuáles son los asuntos relevantes que resolverá la Corte este 2024

Al dar el banderazo del primer periodo de sesiones de este 2024, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, dio a conocer algunos de los asuntos relevantes que resolverá el máximo tribunal del país.

Dichos asuntos son relevantes “para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución, para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que nos define como país”, puntualizó la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Con las ausencias de las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat, y del ministro Juan Luis González Alcántara, quienes estuvieron de guardia por el periodo decembrino; así como de la recién designada ministra Lenia Batres Guadarrama, quien será bienvenida en la sesión solemne del próximo jueves 4 de enero, la ministra Piña Hernández dio a conocer algunos de esos asuntos relevantes.

Entre los cuales destacó el recurso de revisión en materia de seguridad nacional a fin de determinar si mantener o no una resolución del INAI en la que se ordena entregar una versión pública de “los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus”.

En las primeras sesiones de enero el Pleno del Alto Tribunal abordará también una contradicción de criterios, en la cual se determinará si en una sentencia de amparo indirecto pueden válidamente dictarse medidas de reparación diversas a la restitución, como puede ser la rehabilitación, las garantías de no repetición o una compensación, en su caso.

Respecto a la llamada violencia vicaria y sus consecuencias jurídicas y penales, la SCJN analizará, vía una acción de inconstitucionalidad, la validez de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio de Michoacán, a fin de poder fijar criterios del alcance del derecho de la participación de las mujeres en la vida política y, en su caso, la necesidad de una consulta pública para conocer su opinión sobre el contenido de una ley en la materia.

Incluso, sobre el ámbito dentro del cual las legislaturas locales pueden legislar para prevenir y erradicar el feminicidio sin invadir la esfera reservada a la Federación en materia procesal penal.

Con motivo de la resolución de una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas reformas a la Ley de Hidrocarburos, la Corte analizará la validez de un requisito establecido para el otorgamiento de permisos para almacenamiento de hidrocarburos, así como la de la nueva atribución de la autoridad para suspender los permisos expedidos en términos de la Ley de Hidrocarburos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad que se promovió en contra del decreto con el que avaló la eliminación de “ciertos fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica que servían como vehículos para distribuir el gasto público”, la ministra presidenta señaló que dicho asunto buscará determinar si lo dispuesto en ese acto legislativo, implica alguna transgresión al principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, dada su trascendencia a la eficacia de algún derecho humano.

El análisis de otras acciones de inconstitucionalidad en las cuales se impugna la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, con motivo de reformas que atienden a lo establecido al respecto en el T-MEC, permitirá fijar relevantes criterios sobre el alcance y la validez tanto de las medidas tecnológicas de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos respectivos, como de los supuestos legales en los que las acciones de elusión o evasión de una medida de esa naturaleza no se considerarán una infracción a la legislación autoral.

De igual manera está enlistado la resolución de la aclaración de la sentencia dictada en la controversia constitucional 121/2012, referente al conflicto territorial en la zona limítrofe entre Oaxaca y Chiapas conocido como los Chimalapas, en la cual se cuestiona si es necesario aclarar dicho fallo en la parte en que se fijaron las coordenadas geográficas relativas al “Cerro de los Martínez”, e incluso en cuanto a que el nombre correcto de ese punto limítrofe es “Cerro los Martínez”.

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