En 2018, último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), en este entonces a cargo de Ángel Islava Tamayo, no justificó el uso de 567 millones 828 mil 266 pesos, dinero que debió destinarse a “acciones de vivienda” para la población más marginada del país, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la segunda entrega del Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, Fonhapo —órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en ese entonces a cargo de Rosario Robles— contó el año pasado con un presupuesto de 2 mil 802 millones 692 mil pesos, para realizar 133 mil 376 acciones de vivienda, de las cuales 25 mil 883 acciones no se concluyeron, lo que equivale a un incumplimiento de 19.4% de la meta original.
A través del Programa Apoyo a la Vivienda, el Fonhapo otorga subsidios a hogares en situación de pobreza para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.
Sin embargo, en 2018 se dejaron de entregar apoyos equivalentes a 567.8 millones de pesos, cuyo importe correspondiente al ejercicio 2018 no se reintegró a la Tesorería de la Federación ni se presentó la documentación comprobatoria, lo que es violatorio de los convenios de ejecución.
En la auditoría 218-DS de la Cuenta Pública 2018 se resalta que “esta observación se presentó de manera recurrente en la fiscalización de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017, por montos de 751 millones 975 mil 700, mil 792 millones 645 mil 100 y 965 millones 69 mil 400 pesos, respectivamente”.
Tales años coinciden con el periodo en que Rosario Robles Berlanga, actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitla, estuvo al frente de la Sedatu.
La exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto enfrenta en la actualidad un proceso legal por ejercicio indebido del servicio, delito relacionado con el desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de la contratación de universidades públicas, que a su vez subcontrataban a empresas fantasma para la prestación de servicios al gobierno federal.
Otra anomalía que hace pensar en la existencia de un modus operandi para desviar recursos es que «la información reportada en el Sistema Integral de Seguimiento de la Sedatu no está actualizada, lo que no permite al Fonhapo tener datos confiables y oportunos para el seguimiento de la ejecución de las acciones de vivienda. Es de resaltar que esta observación se presentó de manera recurrente en la fiscalización de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017”, señaló a ASF.
De esta forma, concluye la ASF, «el Fonhapo y la Sedatu no cumplieron con el objetivo del Programa Apoyo a la Vivienda, al dejar de entregar 25 mil 883 acciones de vivienda, las cuales estaban destinadas a atender la demanda de la población de áreas rurales y zonas urbanas de alta marginación y rezago social”.
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