La falta de supervisión y seguimiento en la contratación de servicios de la Guardia Nacional propició que en 2020 la Secretaría de Marina pagara 49 millones 832 mil pesos al Instituto de Formación Policial de Chiapas por un servicio de capacitación para el que el propio instituto terminó subcontratando a una empresa privada a la que le pagó más de 40 millones 363 mil pesos –81% del monto total- sin que se haya realizado servicio alguno.
El monto pendiente por aclarar de esa operación en la que el instituto contratado por la Semar sólo fungió como un “intermediario” de una operación en la finalmente tampoco se comprobó que se haya llevado a cabo ascendió a los 9 millones 468 mil 80 pesos, de acuerdo con la auditoría a los “recursos destinados a la Guardia Nacional”.
Aunado a que también se detectó que, “los instructores no estaban certificados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para impartir cursos en materia de seguridad pública y se otorgaron cursos avalados por el mismo instructor en la misma fecha, pero en diferente sede”. Sin embargo, la raíz de ese tipo de irregularidades detectadas por al Auditoría Superior de la Federación se deriva del desconocimiento de la propia institución sobre los recursos ejercidos y los bienes y servicios adquiridos tanto por la Marina como por la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Así lo señala el dictamen de la ASF en el que advierte que, “toda vez que no se efectúan trabajos de manera conjunta con dichas dependencias (Semar y Sedena) en las que se realice la planeación y posterior consolidación de la información de los recursos ejercidos” a fin contribuir en la toma de decisiones de la Guardia Nacional y las dos dependencias, “y que dichos recursos se destinen a atender las necesidades del servicio de seguridad pública de manera eficiente, eficaz y transparente”.
En ese sentido el grupo auditor señaló que la omisión de la Semar en comunicar oportunamente a la dirección de la Guardia Nacional la baja de siete marinos asignados como guardias nacionales y por parte de la Sedena el no haber notificado la baja de 15 elementos más de la GN propiciaron que la corporación encabezada por el general Luis Rodríguez Bucio realizara “pagos improcedentes” fuera de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por un monto superior a los 27 mil pesos.
Por ello, dentro de las dos recomendaciones, cuatro promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y el pliego de observaciones que generó la ASF al respecto se exhortó a la Guardia Nacional para que “lleve a cabo la consolidación de la información de la totalidad de los recursos ejercidos para cubrir sus necesidades con el fin de conocer las contrataciones que se realicen en apoyo a los elementos asignados para llevar a cabo sus actividades de seguridad pública y nacional, y coadyuvar en la toma de decisiones, y que dichos recursos se ejerzan de manera eficiente, eficaz y transparente”.
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