Las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las cuales México podría perder el grado de inversión soberano y además podría ser demandado en tribunales internacionales, enfrentan problemas burocráticos, dispendio y mala organización, reveló la la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados encontró en la auditoría de la Cuenta Pública del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2019, grandes errores que violan el artículo 134 constitucional, que vela por la eficiencia del gasto público; además de otras normatividades, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por ejemplo, la ASF detectó en Pemex Fertilizantes un sobrecosto de 287% que pasó de 195 millones de dólares a 755 millones de dólares, en las “plantas (de fertilizantes nitrogenados que) no han sido puestas en operación”.
Entre ellas está Agro Nitrogenados, la empresa que compró Pemex a Altos Hornos de México (AHMSA) por la cual se pagó un sobreprecio estimado de 200 millones de dólares, compra relacionada en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Por varias anomalías, la ASF presentó el 18 de julio de 2019 una “denuncia de hechos” ante la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellas que en Pemex Exploración y Producción, la ASF señaló que “no se justifican las ventajas técnicas ni económicas de utilizar plataformas semisumergibles para ejecutar los trabajos de mantenimiento”.
En la CFE, que dirige Manuel Bartlett, el Consejo de Administración no contiene la totalidad de los procedimientos necesarios y específicos para su correcta operación. En CFE Distribución, la ASF encontró 3 mil 184 riesgos operativos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la empresa del Estado.
