En un hecho inédito y a unas horas de que concluya enero, en México se registró el cuarto caso de un periodista asesinado. Roberto Toledo, colaborador en Monitor Michoacán —un medio local que al menos desde hace un año había sido blanco de amenazas por sus notas periodísticas de denuncia en contra de funcionarios, políticos y autoridades corruptas—, fue asesinado a tiros en el municipio de Zitácuaro.
El crimen, con el cual sumarían 29 periodistas asesinados en lo que va de la actual administración, implicó que el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez condenara el hecho y anunció un trabajo conjunto con el gobierno federal para esclarecer el crimen. Sin embargo, menos de cinco horas después aseguró que “de acuerdo con investigaciones judiciales”, Toledo no era reportero, sino asistente en un despacho jurídico, descartando que se hubiera tratado de un ataque contra la libertad de expresión.
Escenario. Las oficinas de Vera Abogados, en Michoacán, fueron el sitio donde tres hombres sin identificar mataron al periodista y abogado.
Según lo denunciado por Armando Linares López, director del Monitor Michoacán, en efecto Roberto se desempeñaba como abogado, pero también realizaba labores periodísticas que abarcaban videos, fotos y redacción de notas que por cuestiones de seguridad no eran firmadas por Toledo, sino por el propio director u otros de sus colegas reporteros. No obstante, aseguró contar con indicios sobre los responsables y los motivos que desde hace meses habían escalado en amenazas de muerte.
“Uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron y le dispararon de manera ruin y cobarde; nosotros no estamos armados y no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta. Hay nombres y sabemos de dónde viene todo esto”, denunció Linares López.
Aunque organizaciones como Artículo 19 también condenaron el asesinato e informaron que estaban documentando que otros colegas de Roberto Toledo en el mismo medio ya habían sufrido agresiones previas vinculadas con su labor periodística, el alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela reiteró que “no pertenecía al gremio periodístico, sino que era asistente del despacho jurídico donde ocurrió el incidente”.
En ese sentido, desde el gobierno federal, así como de la presidencia de Zitácuaro se desestimó lo denunciado por Armando Linares, quien señaló que desde hace varias semanas e incluso meses, los integrantes de Monitor Michoacán habían sido víctimas de amenazas de muerte. Y aunque el alcalde Orihuela desconoció si el domicilio donde ocurrieron los hechos era el sitio desde donde operaba el portal de Monitor, reconoció que “lo importante de la situación es que es un mensaje criminal, violento, del que hay que llegar al fondo del asunto”.
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