Era martes 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cuando Rosario Lilian Rodríguez Barraza, dirigente del colectivo “Corazones sin justicia”, fue secuestrada al salir de misa; un día después las autoridades de Sinaloa confirmaron su asesinato.
Testigos señalaron que hombres armados interceptaron a Rodríguez Barraza al salir de una iglesia en la comunidad de La Cruz, Elota; la subieron a un automóvil y se la llevaron.
Junto con otras madres buscadoras de Sinaloa, Barraza asistió a la iglesia para recordar a su hijo Fernando Abixahi, privado de la libertad en octubre de 2019, el cual continúa en calidad de desaparecido.
El colectivo Hasta Encontrarles precisó que Rosario Lilian fue subida a una camioneta Suburban blanca alrededor de las 09:00 de la mañana del martes y que uno de sus hijos pidió el apoyo de la policía, sin que ninguna unidad llegara en su auxilio.
El cuerpo de la activista fue trasladado a la ciudad de Mazatlán para determinar las causas de su muerte; en tanto, la Fiscalía General del Estado no ha emitido mayor información al respecto.
Madres buscadoras; entre el duelo y la impunidad
Diversas marchas se realizaron en todo el país para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; sin embargo, colectivos aprovecharon para denunciar marginación de parte de las autoridades en los procesos de búsqueda.
“Las buscadoras también se enfrentan a prácticas discriminatorias en materia de acceso a la verdad, justicia y reparación (...); además de hacer frente a prácticas revictimizantes por parte de instituciones estatales”, denunciaron.
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Además de los problemas para acceder a la justicia, afirmaron que ponen en riesgo sus vidas, debido a las amenazas constantes que reciben de parte de grupos criminales: “incluyendo violencia sexual, desplazamiento forzado, desaparición, persecución y represalias”, condenaron organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
Pero no es solo su seguridad la que ponen en riesgo, también dejan atrás “sus sueños personales; su salud y la economía de sus familias también se ven afectadas”, añadieron.
Previo al asesinato de Rosario Lilián, organismos internacionales pidieron al Estado mexicano una política integral en materia de desapariciones forzadas que incluya todos los efectos adversos que viven los familiares tras este tipo de crímenes.
El Comité contra Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) exigieron otorgar seguridad a las madres buscadoras y a cualquier otra persona que intervenga en la búsqueda de personas desaparecidas.
Además de tomar en cuenta la experiencia que han adquirido en los procesos de excavación, rastreo e investigación, así como en los procesos de reparación del daño.
Rosario Lilián, tenía cerca de tres años buscando a su hijo, a quien privaron de la libertad en la misma comunidad en la que la mañana de ayer se llevaron a ella; su hijo nunca apareció. EJ
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