Article 19 reconoce compromiso de AMLO contra espionaje

Article 19 reconoció el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció contra la vigilancia ilegal y el abuso de las facultades para intervenir comunicaciones. El pasado miércoles durante su conferencia de prensa matutina el Presidente declaró que “ya no hay golondrinas en el alambre”, para hacer referencia a que su gobierno no realizará acciones de espionaje. Horas más tarde, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Alfonso Durazo, declaró que no habrá “ninguna intervención telefónica que no esté judicializada; y si algún elemento de los cuerpos de seguridad incurriera en esa falla será severamente sancionado”. La organización internacional que promueve la libertad de expresión y defiende los derechos de los periodistas aprobó estas declaraciones y recordó que el actual Gobierno tiene “la oportunidad de impulsar acciones orientadas a esclarecer los casos de vigilancia ilegal contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, así como delinear las propuestas estructurales que eviten la repetición de violaciones a la privacidad”. Article 19 recordó que existe una sentencia que reconoce como violaciones graves a los derechos humanos a la vigilancia, el espionaje y la intromisión a la intimidad y vida privada sin orden judicial. Además, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinaron que la utilización de malware para vigilar a individuos tiene implicaciones profundas en el derecho a la libertad de expresión de las personas afectadas, debido a que perjudica la capacidad de estos individuos para: intercambiar información, realizar investigaciones, y construir y mantener relaciones con fuentes de información, además de crear incentivos para la autocensura. A través de un comunicado firmado por diversas organizaciones se exhortó al gobierno a reconocer y emprender las recomendaciones del juzgado de Distrito y los relatores especiales sobre libertad de expresión, entre las que destacan: Dotar de la mayor presunción de publicidad y transparencia a toda la información que brinde evidencia al respecto de los casos de vigilancia y espionaje. Asegurar la independencia de la investigación sobre la compra y uso de software para vigilar y espiar, así como asegurar la incorporación de asistencia técnica durante el proceso. Iniciar una investigación independiente sobre la posible corrupción, dado que existen indicios objetivos y razonables que apuntan al uso del software Pegasus en el contexto de actos de corrupción. Comenzar un proceso de parlamento abierto para discutir un marco normativo que proteja a las personas ante interferencias arbitrarias y/o ilegales en su privacidad, incluyendo la protección de sus fuentes periodísticas, en línea con los estándares internacionales en la materia. Finalmente, establecer controles judiciales y garantías para las agencias del Estado que realizan acciones de vigilancia, así como respecto al uso y adquisición de estas herramientas. MM/EC