No obstante que, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó una investigación profunda a la arrendadora de autos CA Soluciones Financieras (Casofin) por presuntos casos de corrupción, la empresa propiedad de los hermanos Mario y Sergio Mena Palacios continúa gozando de contratos millonarios con diversos gobiernos estatales.
En una de sus conferencias matutinas del pasado mes de marzo de 2021, el jefe del ejecutivo solicitó a la Secretaría de la Función Pública y a autoridades del estado de México a investigar lo acontecido durante el proceso de la Licitación Pública LPNP-HAT-RP-07-2019 que la administración del alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, le asignó a Casofin.
La empresa, propiedad de los hermanos Mario y Sergio Mena Palacios, así como de Sergio Mena Abascal, Mario Mena García y la razón social Plantec, estuvo a cargo del acuerdo comercial DGA/RM/048/2019, para la renta de 400 patrullas, un contrato de un monto de 460 millones de pesos y que estuvo vigente hasta diciembre de 2021.
Sin embargo, las unidades, según denunciaron los propios elementos de la policía de Toluca, quedaron abandonadas porque la empresa no les dio el mantenimiento acordado, razón por la cual el tema llegó hasta Palacio Nacional.
Sin existir aún avances en las investigaciones, los gobiernos estatales han favorecido en los últimos años a las empresas de la familia Mena con contratos que van desde 2018 hasta el último día de 2022, por más de 38 millones 312 mil pesos en dependencias de Guanajuato, Chihuahua, Chiapas, el Estado de México e Hidalgo.
Entre los más onerosos está el 8800000983 firmado con el Poder Ejecutivo de Guanajuato en mayo de 2022 por un monto de 3 millones 467 mil 700 pesos para la proveeduría de 3 pick up, doble cabina 4X4.
El identificado con el número 426, de fecha 10 de agosto de 2021, por poco más de 2 millones de pesos para la adquisición de vehículos y equipo terrestre, Pick up de doble cabina, con el gobierno del Estado de Hidalgo, entonces a cargo de Omar Fayad.
También el LPNP/CB/001/2018 que cerró con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en julio de 2018 por 3 millones 650 mil pesos para la adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre.
Además, entre 2011 y 2019, Continental Automotriz concretó con el gobierno federal unos 31 acuerdos por 474 millones de pesos, con clientes como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Mientras que en el caso de CA Soluciones Financieras o Casofin, empresa fundada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, facturó 557 millones de pesos. Entre sus clientes figura la Secretaría de Relaciones Exteriores que, en 2016, le asignó un contrato de más de 64 millones de pesos, por el servicio integral de transportación terrestre para la Secretaría, y la propia presidencia de la República, de Peña Nieto, que le adjudicó de manera directa un contrato de 24 millones de pesos meses antes de que terminara su mandato.
