La consulta popular para saber si se enjuicia a los expresidentes de la República ya inició, pero no se sabe si va a concluir.
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021, así como los lineamientos para la organización, pero dejó en claro que la falta de presupuesto y la suspensión de labores a causa de la pandemia de Covid-19 ponen en riesgo la realización del ejercicio.
“Para la organización, por primera vez, de una Consulta Popular, el Instituto enfrenta un reto adicional, ya que no cuenta con presupuesto autorizado para su realización, sin dejar de considerar un entorno sanitario complicado por la pandemia provocada por la Covid-19”, señala el punto 56 del acuerdo del Consejo General por el cual se aprueban los lineamientos para la organización de la consulta.
El organismo electoral recordó que para organizar la consulta popular, en octubre pasado solicitó a la Cámara de Diputados recursos adicionales para que fueran considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2021. Pero la solicitud no sólo no fue atendida, sino que el instituto sufrió un recorte de 870 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado.
Programada para el 1 de agosto de este año, dos meses después de las elecciones más grandes de la historia, la consulta planteará la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
En el acuerdo, el INE puntualiza que pese a la falta de recursos, “la preparación del mecanismo de participación ciudadana requiere de poner en marcha diversos procedimientos por parte de las áreas involucradas en la organización, por lo que es de imperiosa necesidad dar inicio a ellos”, por lo que harán un esfuerzo de austeridad y reordenación de gastos.
Aún así, el organismo instruyó al secretario ejecutivo para que, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, “se continúen con las gestiones necesarias para la solicitud de una ampliación presupuestal y, en su caso, realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de la aprobación del presente acuerdo”.
