En medio del camino de terracería circulan caravanas de autos modificados con blindaje artesanal. Montados en ellos van hombres con ropa que imita al uniforme de las fuerzas armadas, con la cara cubierta o no. Cada uno de ellos presume sus armas largas.
Esta escena se repite en Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Sonora o Zacatecas desde hace más de una década. Estas células bien organizadas consiguen sus armas de entre el río de hierro que corre de Estados Unidos hacia México, pero también lo hacen de un lugar que poco se reconoce y más bien se esconde debajo de la alfombra: las propias corporaciones de seguridad de México.
›La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calcula que unas 200 mil armas ingresan ilegalmente desde territorio estadounidense. Sin embargo, hay un mercado hormiga que se nutre de las armas que son reportadas como perdidas o robadas por los cuerpos de seguridad, y hasta ahora, tan sólo las reportadas por la Secretaría de la Defensa habrían servido para armar casi seis batallones de mil 500 hombres cada uno.
En México, si a un policía o a un militar le es robada su arma de cargo o la pierde, debe reportarla ante el Registro Federal de Armas que lleva la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y esto es obligatorio, porque al hacerlo, si el número de serie aparece en un hecho criminal, deslinda de responsabilidades al funcionario que le pertenecía.
Pero la cantidad de armamento, el estado de investigación y el fin que tiene ese armamento perdido, simplemente se desconoce, no se puede informar, responden las autoridades.
Y sobre los datos que sí se pueden obtener vía transparencia hay inconsistencias y omisiones, que van en contra de los tratados internacionales que México tiene ratificados.
ejecentral solicitó toda la información posible y, de acuerdo con la Sedena, entre 2012 y abril del 2021 las corporaciones de seguridad le reportaron ocho mil 702 armas perdidas o robadas, de las cuales seis mil 555 son cortas y dos mil 147 largas.
Esto significa que de acuerdo a esa cifra, en promedio, en el país se perdieron en los últimos 100 meses tres armas diariamente. Sin embargo, el gobierno no cuenta con certeza de esta cifra, ya que en otras solicitudes de información interpuestas por las investigadoras Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez, al hacer el comparativo existen disparidades de entre 200 y hasta 400 armas, las suficientes para equipar hasta dos compañías militares.
En la solicitud 0000700205114 se señala que en 2014 hubo 881 armas perdidas, pero en otra petición de folio 0000700069116 del mismo año, se registra la cifra de mil 48, y en la que realizó este periódico identificada como 0000700140721 el número que aparece es mil 115. Aunque podría argumentarse que se trata de un ajuste natural, es amplia la diferencia: superior al 20 por ciento.
Una inconsistencia similar ocurre con el año 2016. A Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez se les indicó que las armas robadas o perdidas fueron 207, pero el dato que le fue entregado a este periódico establece una cifra tres veces más grande.
Así, sin información consistente, es imposible conocer la magnitud del problema, sostienen expertos.
“Es un problema que sabemos que existe porque tenemos evidencia anecdótica, pero en realidad no sabemos qué porcentaje de esas armas que están reconocidas como robadas o como pérdidas termina en manos de la delincuencia organizada”, sostuvo en entrevista para ejecentral el doctor Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en temas de seguridad.
De las más de ocho mil armas que las corporaciones de seguridad pública reportaron como perdidas en los últimos nueve años, sólo cuatro entidades concentran el 31% del total. Se trata de la Ciudad de México (con mil 131 armas perdidas), Guerrero (654), Veracruz (602) y estado de México (435).
Desde 2012, la capital del país reporta entre 98 y 182 armas perdidas por año, mientras que en otras entidades la cifra no es mayor a 100; sin embargo, existen comportamientos anómalos en los datos que Sedena reportó a ejecentral; por ejemplo, en el estado de México no se habían registrado más de 45 armas extraviadas durante los últimos nueve años, a excepción de 2015, cuando la cantidad se disparó hasta 161, de las cuales 147 fueron reportadas por la Secretaría de Seguridad local.
El dato. Beretta y Glock son las empresas de armas que más le han vendido a la policía mexicana.
Peña y AMLO, un problema similar
Pese al cambio de administración federal, entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador no existen grandes modificaciones sobre el comportamiento en la pérdida y robo de armas.
Bajo la gestión del tabasqueño se perdieron o reportaron como extraviadas dos mil 483 armas hasta abril de este año; es decir, un promedio de mil 68 armas por año. Esta cifra es apenas inferior a la de su antecesor, que fue mil 153 por año en promedio, y en cuyo sexenio se perdieron en total seis mil 919 armas.
Las corporaciones federales como la Fiscalía General de la República, la extinta Policía Federal, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia o el Servicio de Protección Federal también reportan pérdidas. En 100 meses (2012 a 2021), su personal perdió mil 413 armas, de las cuales 417 eran largas y el resto cortas.
Pese a que más de un millar de armas fueron perdidas o robadas, en los datos oficiales proporcionados a este periódico hay variaciones considerables. Aunque todos los años se reportaron pérdidas, en 2017 y 2018 los datos que dio la autoridad indican que las armas extraviadas fueron menos de 10, pero en 2019 la cifra vuelve a dispararse a un rango de más de un centenar.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no proporcionó información sobre las armas que pierde el Ejército, la Marina sí reveló esos datos aunque indicó que sólo extravió o le robaron 24 armas entre 2012 y abril del 2021, de calibres como 9 mm, .45 cdp, 5.56, .762 y 40 milímetros.
“En general es difícil encontrar cifras y está mal, yo creo que sería bueno que al mismo tiempo que México está reclamando a Estados Unidos (con la demanda contra las empresas fabricantes de armas), que es correcto lo que hace, hacer una campaña de que las policías, los militares, se comprometan a no pasar armas a los delincuentes. Sería bueno hacer ese esfuerzo también”, consideró en entrevista con este periódico el periodista e investigador Ioan Grillo.
¿A dónde van las armas?
A la ausencia de información confiable sobre cuántas armas de las corporaciones de seguridad son reportadas como perdidas o robadas, debe sumarse, consideró Pérez Ricart, el total desconocimiento de su destino, a pesar de estar obligado México a tener un seguimiento puntual, de acuerdo a los convenios que ha firmado.
México es parte del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos y del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual obliga a los países signatarios a contabilizar y tener control de las armas que circulan en su territorio para así evitar el desvío de armamento.
Aunque el gobierno federal tiene desde hace más de una década reuniones con la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, para que con el programa eTrace se colabore en temas de armas que ayuden a detener el tráfico ilegal, los informes de 2015 y de 2021 advierten que la colaboración ha sido poca porque se ve obstaculizada por el diseño institucional.
GAO apuntó en su más reciente informe que únicamente la Fiscalía General de la República tiene la facultad de presentar solicitudes a las autoridades estadounidenses para colaborar en el rastreo, lo que crea un cuello de botella. Además afirmó que no existe la suficiente coordinación en sus investigaciones.
Otra ruta de colaboración con Estados Unidos es la que existe con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que entre 2014 y 2018 rastreó el origen de 79 mil 977 armas aseguradas en México; lo que de acuerdo con las cifras de la Cancillería representa apenas un 10% del total estimado de armas ilegales que llegan desde el vecino país.
“Tenemos evidencia por ejemplo de la ATF que señalan que esas armas terminan en manos de la delincuencia organizada”, dijo el doctor Pérez Ricart.
La vorágine de la violencia armada
El periodista e investigador Ioan Grillo, así como el experto en seguridad Carlos Pérez Ricart coincidieron en que el fenómeno del tráfico de armas, así como su vertiente de robo y pérdida de armamento en el sector público, en parte explican el incremento de la violencia en el territorio nacional.
“El tráfico de armas es un factor, no es el único, pero si vemos la violencia armada en México que aumenta mucho desde 2008 y se queda. Ya tenemos 13 años de violencia fuerte. Hay varios factores pero la cuestión central es cómo los cárteles crecieron, el fracaso de la justicia en México, de la impunidad, la corrupción, la forma en que los cárteles llegan a los barrios, de los pueblos, a los migrantes, pero un factor también es la forma tan fácil que pueden conseguir un arma de fuego desde los Estados Unidos”, explicó Ioan Grillo.
Entre 2006 y 2018 diversas empresas de armas con sede en Europa e Israel exportaron más de 238 mil armas de fuego a México precisamente para el uso de policías estatales y municipales, dice el informe “Comercio Mortal” realizado por nueve organizaciones de diversos países.
De acuerdo con el documento, más de la mitad de las armas de fuego vendidas a la policía mexicana entre 2006 y 2018 procedían de sólo dos empresas: Beretta (108 mil 660), con sede en Italia, y Glock (68 mil 319), con sede en Austria.
Beretta y Glock son precisamente parte de las 11 empresas fabricantes de armas que el gobierno mexicano demandó en Estados Unidos recientemente, pues las acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
Sin embargo, la creciente capacidad de fuego de las corporaciones de seguridad no se tradujo en una reducción de la violencia. “Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, las armas de fuego se utilizan como instrumentos para facilitar la comisión de ejecuciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, agresiones sexuales y desplazamientos forzados”, sostiene el informe.
A nivel nacional, en las entidades donde se registra la mayor cantidad de robos o extravíos de armas de fuego reportadas, hay un incremento de la violencia armada en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, a tal grado que de cada 10 personas asesinadas en México, siete de ellas fue con un arma de fuego. Aunque hay excepciones más cruentas como Guerrero, donde ocho de cada 10 asesinatos son cometidos con un arma de fuego.
La cantidad de armas que circulan en México de forma ilegal es desconocida para el gobierno, y aunque las estimaciones de la Cancillería refieren que desde Estados Unidos llegan 200 mil, lo cierto es que la cantidad podría ser mayor porque no se consideran otras aristas como el tráfico desde América Central y el problema de las armas que son reportadas como robadas y extraviadas por las corporaciones mexicanas.
