Tras cinco años de la entrada de la actual administración al Archivo General de la Nación (AGN), un informe reveló las irregularidades dentro del recinto dirigido por Carlos Ruiz Abreu desde 2018, en sustitución de Mercedes de Vega.
El suceso más reciente que señala a la institución llegó de la mano del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), organismo creado en este sexenio para investigar y revelar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, periodo conocido en México como Guerra Sucia.
En esta semana por medio de un comunicado se dio a conocer la ambigüedad y complejidad por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el manejo de los expedientes referentes a los servicios de inteligencia del Estado mexicano, pues se incumplió con la orden presidencial de entregar los documentos relacionados con esta etapa vinculada a crímenes y persecuciones políticas. Pero no sólo eso, pues hay archivos extraviados y mutilados con información referente, por ejemplo, el asesinato de Colosio, EZLN, además de funcionarios que fungieron como agentes de la DFS.
A pesar de la presencia de fichas catalográficas que hacen referencia a expedientes personales de agentes de la DFS, se ha constatado la inaccesibilidad de estos expedientes. Así, el MEH detectó anomalías en expedientes faltantes o incompletos, además de tarjetas que permiten confirmar la existencia de información que no fue entregada al AGN, tras el acuerdo presidencial de Vicente Fox en 2001, el cual obligó a la Secretaría de Gobernación a transferir los archivos custodiados y conservados por el Centro Nacional de Inteligencia (CISEN).
Entre los expedientes sustraídos, destaca el Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN, se ubican las fichas de Manuel Becerra Acosta, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rafael Aguilar Talamantes y que remiten al expediente 009-017-010. La descripción del Catálogo General refiere que este expediente se compone de 52 legajos, de los cuales del 1 a la mitad del 24 datan de antes de 1985 y el resto son posteriores a ese año. “Aun cuando esos 52 legajos están en el Inventario General elaborado entre 2009-2013, no aparecen registrados en el Inventario Topográfico”, asegura el análisis.
Pero también resaltaron la sustracción de expedientes personales de agentes de la DFS, como el de Esteban Guzmán Salgado, la única persona que ha recibido una sanción penal por sus acciones durante la llamada Guerra Sucia; además de Pablo Echeverría Zuno, uno de los ocho hijos que tuvieron el expresidente Luis Echeverría Álvarez y María Esther Zuno Arce, y que muy probablemente dieron de alta en la DFS para obtener credencial, lo mismo que otros miembros de la familia Zuno Arce, como Andrés A. Zuno Arce y José Guadalupe Zuno Arce, entre otros personajes.
Otra ficha sustraída es la de Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien “aparentemente” formó parte de la DFS. Durante el sexenio de presidente Vicente Fox se desempeñó como titular de la Procuraduría General de la República, y como tal desempeñó tareas en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
Memoria corta
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de marzo de 2019, se anunció que por decreto abrirían los archivos relacionados con corrupción desde 1985 a la fecha, dando lugar al nacimiento del MEH.
Pero esto no fue del todo cierto, pues gran parte de los expedientes vinculados a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) durante la Guerra Sucia podían consultarse sin ninguna complicación en las galeras del Palacio Negro de Lecumberri, sede del AGN.
Pero no ha sido el único, pues el 22 de enero de 2020, un grupo de académicos e investigadores denunciaron la desaparición de más de tres mil versiones públicas y de las que sólo quedaron 455 expedientes para consulta, mientras que otros más fueron mutilados. Y esas tres mil versiones públicas provenían de los fondos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), que corresponden al periodo entre 1950 y 1985.
Según lo consignado por el periódico La Crónica de Hoy, desde el 6 de enero de 2020, el AGN comunicó que serían retiradas más de tres mil versiones públicas entre 2005 y 2018 para su revisión, y desde entonces negó acceso a la documentación de una parte de la historia del siglo XX, mediante nuevas “políticas de consulta”, al contener datos sensibles como edad, domicilio, religión e ideología de los personajes.
Al respecto, ejecentral también dio cuenta de ello el 6 de junio de 2019, al revisar en las listas de versiones públicas la desaparición del expediente de la Iglesia de la Luz del Mundo, liderada por Naasón Joaquín.
Una consulta que realizó este periódico mostró que removieron los archivos de la lista de versiones que estuvo vigente desde noviembre de 2014, y en la que el expediente correspondiente a la serie DFS, contenido en la caja 23, cuya versión previa elaboraron desde 2007.
A pregunta expresa de ejecentral en aquella ocasión, el área de Comunicación Social del AGN respondió que este catálogo de referencias “está en constante actualización”, y sólo pueden consultar las renovaciones elaboradas hasta abril de 2019.
Incluso en ese mes el director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, en entrevista con este periódico, respondió que sería hasta 2027 cuando se podrán consultar los archivos históricos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Podemos hablar de unos seis u ocho años, mínimo. Lo más seguro es que los archivos del Cisen nos los den con corte a 2009. Aquella información de 1985 a 2001 se trajo sin ordenar y sin clasificar”, aseguró en aquel año.
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