Enfrentamientos armados, ataques directos y cuerpos sin vida abandonados se mantienen como una constante en Guanajuato, razón por la cual nuevamente el gobierno federal ha mandado apoyo de militares. En lo que va del año ya son seis los envíos a la entidad, la cual encabeza la lista de homicidios dolosos a nivel nacional.
El multihomicidio registrado hace seis meses en dos bares de Celaya, en el cual 11 personas perdieron la vida, fue el hecho que provocó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destinara 800 de sus hombres para reforzar la vigilancia. Esto, como parte de la estrategia de seguridad del gobierno encabezado por López Obrador.
Solo tres días después, fue medio millar de uniformados, ahora de la Guardia Nacional, los enviados a León e Irapuato, dos de las ciudades con los más altos índices de violencia en el estado.
Para el mes siguiente, con la persistencia de la inseguridad, se mandaron 900 militares para sumarse a los operativos en Irapuato, Salamanca y Celaya. Uno de los hechos que motivó este hecho fue el ataque armado en contra de policías en la carretera Salamanca-Irapuato, el cual dejó un saldo de un muerto y un herido.
Para octubre pasado, los primeros 10 días marcaron registros récord en ataques armados no solo en Guanajuato, también en Colima, Chihuahua y Chiapas, por lo que la Sedena volvió a reforzar la seguridad. En esa ocasión fueron 140 uniformados los que llegaron a León, mientras que días después se sumaron 500 a Celaya.
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Y es que en 11 días de dicho mes (que a la postre sería el más violento de los últimos dos años), el país totalizaba 818 asesinatos, de los cuales alrededor del 15% se habían registrado en la entidad guanajuatense.
Para el mes en curso, el cual mantiene un alto promedio de homicidios diarios, el gobierno federal ha decidido mandar un millar de militares más. Ahora, el apoyo se distribuirá en seis ciudades: Irapuato, Celaya, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo, Jaral del Progreso y León.
La intención, ha sostenido la Sedena desde un principio, es que estos elementos colabores con los policías municipales y estatales para mejorar la seguridad en el estado. Sin embargo, la convicción de evitar al máximo los enfrentamientos con los criminales que tiene el presidente López Obrador ha provocado que se cuestione los resultados que entrega este reforzamiento.
A la par, se ha denunciado que en lugar de optar por esta opción, se debería fortalecer a las corporaciones locales de seguridad para que sean las que se encarguen de garantizar la tranquilidad. En contraparte, están las peticiones de varios gobernadores del país, para que se les envíen refuerzos federales, lo cual ha sido esgrimido por el Ejecutivo para justificar la extensión del apoyo militar en las calles hasta 2028.
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