“Lamentable”, “triste” y “de pena ajena”, así fue la defensa que el Estado mexicano hizo de la prisión preventiva oficiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante la audiencia que este viernes se llevó a cabo en Brasilia, capital de Brasil, sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, presos más de 17 años sin recibir sentencia.
David Peña Rodríguez, uno de los abogados defensores en el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar vs. México, aseguró que fue deplorable la participación de la representación del Estado mexicano, que se enfocó, desde su perspectiva, en la “defensa de lo indefendible”.
Detalló que el representante negó claras violaciones a los derechos humanos, como la tortura de las víctimas, Daniel García y Reyes Alpízar, además de un evidente “desconocimiento” sobre la problemática de la prisión preventiva oficiosa en México. Aunado a que fueron las propias autoridades del Estado las que negaron a las víctimas el acudir presencialmente a la audiencia.
En entrevista con ejecentral, el abogado David Peña, socio de la firma Pérez Rivera, Salas y Peña, destacó que si bien se siente satisfecho por su participación, “lo más importante es que en la Corte Interamericana se escuchó la voz de las víctimas, que se evidenciaran las violaciones (a sus derechos humanos) que han sufrido a lo largo de todos estos años en el proceso, a manera de una reparación simbólica”.
Sin embargo, lamentó que, en un hecho de tal relevancia, y en medio del debate actual que hay en el país sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, la representación del Estado mexicano haya sido tan deficiente y desaseada, pese a que “las preguntas que les hicieron los jueces a los representantes del Estado mexicano fueron sumamente claras, muy buenas. Pero esa representación como mexicano me da vergüenza”.
Y como ejemplo, señaló: “El propio perito, ofrecido para hablar en favor del Estado, en la mitad de la audiencia terminó reconociendo que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo son inconvencionales, es decir, en contra de la Convención (Intemericana sobre Derechos Humanos); minutos después, la representación de la Cancillería desconoció lo dicho por el perito”.
Al subrayar que ese tipo de actuaciones significan una “clara evidencia de la falta de preparación para ese tipo de audiencias, también apuntó a una clara “falta de estrategia jurídica para defender la posición del Estado mexicano a nivel internacional”.
En ese sentido, Peña Rodríguez exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar “un proceso de revisión, de reflexión profunda, sobre la estrategia (jurídica) que están teniendo para la defensa de estos casos a nivel internacional”, dijo el jurista al destacar que no se trata de la actuación de “autoridades en lo individual sino del Estado mexicano”.
“Luz” al debate
Tras más de ocho horas que duró la audiencia de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz en contra el Estado mexicano ante la Corte IDH, los fiscales del tribunal interamericano expusieron las “graves” violaciones a sus derechos humanos de las que fueron ambos hombres, víctimas de detención arbitraria, tortura y otros delitos, como efectos del uso “excesivo” de medidas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
A escasos 11 días de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta y determine si la prisión preventiva oficiosa es constitucional o no, la controversia y posturas opuestas que se focalizan en el presidente del alto tribunal, el ministro Arturo Zaldívar, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, parecen no llegar a ningún acuerdo, por lo que el caso ante la Corte IDH podría dar una mayor claridad al respecto.
Así lo consideró el abogado David Peña al reconocer que mientras el ministro Zaldívar ha mostrado una “posición congruente y consistente en criticar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa” en los últimos años; la posición del presidente López Obrador advierte que la problemática no está siendo planteada correctamente, al insistir en que la prisión preventiva oficiosa beneficia a los más desprotegidos, pues resulta todo lo contrario.
“Es falso que la prisión preventiva está siendo utilizada para los delincuentes de cuello blanco, para los grandes criminales, porque más del 70% de las personas privadas de su libertad con prisión preventiva son personas pobres, con bajo nivel educativo, con condiciones laborales precarias.
“Se tiene que hacer una narrativa más realista sobre la forma en la que se está utilizando esta medida, y la Corte puede dar luz a ese debate y ayudar a que se modifiquen o que se expulsen del sistema jurídico el arraigo y la prisión preventiva oficiosa”, subrayó Peña Rodríguez.
