La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, envió este miércoles al Congreso un proyecto de ley para convocar a nuevas elecciones generales, un mes después de unos cuestionados comicios y la posterior renuncia de Evo Morales desataran una violenta crisis política.
El anuncio llegó horas después de que la fiscalía elevó a ocho el balance de muertos en enfrentamientos de manifestantes leales a Morales y fuerzas de seguridad en una planta de combustible cerca de La Paz el martes , con lo que el número de fallecidos subió a 32 desde la elección hace un mes.
El texto, que debe ser aprobado en el Congreso, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales es mayoría, anularía las elecciones realizadas hace justo un mes, en las que Morales fue declarado ganador para un cuarto mandato. La bancada de Morales había entregado más temprano al Senado un proyecto similar, que está bajo análisis de una comisión.
También permitiría la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de definir una fecha para los comicios. Ese organismo estuvo en el centro de una polémica sobre el recuento de votos favorable a Morales y sus anteriores autoridades están detenidas.
Añez, que mantiene la posibilidad de emitir un decreto presidencial para convocar elecciones, declaró en una conferencia de prensa que busca con el proyecto legal “generar un consenso nacional”.
La mandataria interina, una senadora de derecha de 52 años, había dicho más temprano que convocaría a elecciones presidenciales y legislativas en las horas siguientes. “Si Dios lo permite, hoy, en la mañana, vamos a lanzar la convocatoria a elecciones, como todo el país lo está demandando”.
En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA), que había estimado que el escrutinio de octubre estaba plagado de irregularidades, aprobó este miércoles una resolución llamando “urgentemente” a la convocatoria de nuevas elecciones.
Desde México donde está asilado desde la semana pasada, Morales señaló que mientras el Congreso no acepte o rechace su renuncia, él sigue siendo presidente del país.
“No permiten que vuelva a Bolivia, si la Asamblea (Congreso) no ha evaluado mi renuncia yo soy presidente, además soy presidente electo en primera vuelta” en las elecciones del 20 de octubre, reclamó.
Morales denuncia “masacre”
En el poder desde 2006, Morales, el primer presidente indígena de la historia del país renunció el pasado 10 de noviembre, luego de tres semanas de presión popular y de perder el apoyo de policías y militares.
Desde su dimisión, sus partidarios denuncian un “golpe de Estado” y exigen la salida de la derechista Añez, con manifestaciones diarias en La Paz y otras ciudades, que han dejado víctimas mortales y heridos.
Los choques el martes estallaron luego que militares y policías despejaron el acceso a una planta de carburantes en El Alto, ciudad vecina a La Paz que manifestantes leales a Morales ocupaban desde la semana pasada.
Otros focos de violencia se registraron el viernes en Cochabamba (centro), feudo de Morales, donde nueve campesinos cocaleros murieron en enfrentamientos con la policía y el ejército.
Morales pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU “denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas”, comparando la represión con un “genocidio”.
La CIDH anunció que enviará este viernes una misión a Bolivia para “observar la situación de los derechos humanos”, luego de criticar un decreto de Añez que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden.
“Vamos a bloquear”
Los bloqueos de rutas en las regiones agrícolas, en el centro y este del país, han provocado una escasez de alimentos que se siente en comercios de La Paz.
En ese clima de intranquilidad, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, difundió este miércoles una grabación de audio que le atribuye a Morales, donde una voz instruye a un dirigente cocalero a sitiar las ciudades y cortar el suministro de comida.
“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, dice la voz en una comunicación con un dirigente cocalero, identificado por el gobierno como Faustino Yucra Yarmi, quien “tiene sentencia ejecutoriada por narcotráfico”, según el ministro.
Morales “ordena que no entre comida a las ciudades, este es un crimen de lesa humanidad. En las próximas horas presentaremos la demanda internacional sobre esto”, afirmó Murillo en conferencia de prensa.
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