Redacción ejecentral
En el Congreso de la Unión se debaten las iniciativas para crear una Ley de Seguridad Interior, que permita dar un marco legal a las fuerzas armadas en laboras de seguridad interior bajo un respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
Legisladores y especialistas participan en este análisis de las diversas iniciativas que se han presentado en los últimos meses y que busca delinear la actuación de las fuerzas armadas en el combate a crimen organizado y en auxilio de estados y municipios, ello ante la ausencia de preparación y certificación de policías locales.
Por su parte, César Camacho Quiroz, expuso que esta nueva ley pretende ser un vehículo garante del Estado democrático de derecho, respetando competencias, con un marco legal moderno y en donde todos se ciñan a la Constitución y la ley.
Señaló que “Tenemos que regularizar la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad nacional y seguridad pública”, expuso el legislador quien recordó que el Ejército y la Marina no han dudado en apoyar al Estado mexicano en labores de seguridad pública, pero se tiene que dar un marco legal que otorgue certeza a los uniformados y a los ciudadanos de que los derechos humanos estarán salvaguardado. En tanto Roberto Gil Zuarth, dijo que los gobiernos estatales han creado “un perverso incentivo” ya que no quieren invertir en la profesionalización de policías estatales y municipales, ya que parten del principio de que los apoyan el Ejército Mexicano, la Marina y Fuerzas Federales. Mientras que Miguel Ángel Barbosa, coordinador del PRD anunció que presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La iniciativa propone un regreso gradual y ordenado del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a sus cuarteles, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Seguridad Pública, siempre que se compruebe que los cuerpos policíacos cuenten con la fuerza para encargarse de la seguridad pública a través de una evaluación del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
