La Junta de Coordinación Política del Senado de la República analiza si debe llamar a comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero luego de que se filtraran audios en los que se refiere a un proyecto que se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, indicó que será este martes cuando este órgano sostenga una reunión en la que se definirá si se cita a comparecer al titular de la Fiscalía General de la República.
El senador de Morena manifestó su rechazo por el hecho de que las comunicaciones del fiscal hayan sido intervenidas de manera ilegal.
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“Mañana nos reuniéremos en la Junta de Coordinación Política. He hablado ya con algunos de los integrantes para tomar una definición sobre este caso, y por supuesto que sigue abierta la posibilidad de citarlo a comparecer, al fiscal”, indicó.
Añadió que de acuerdo con la Constitución, el titular de la FGR sólo puede ser removido por el titular del Ejecutivo federal, y para ello es necesario que incurra en causas graves que se contemplan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
Indicó que es en el caso de que se cumplan estas vulneraciones políticas que el titular del Ejecutivo puede promover si destitución. Sin embargo, estas causas deben ser presentadas ante el Senado y toca a esta instancia decidir si se da la remoción.
“De nuestra parte, vamos a permitir el debate, es obvio que habrá debate (…) y vamos a deliberar sobre de eso con plena libertad, autonomía y pluralidad; y decidiéremos en la Junta de Coordinación Política mañana si lo convocamos, si lo llamamos a comparecer”, dijo.
El sábado 5 de marzo, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado urgió a llamar a comparecer al fiscal Gertz Manero, señalando que “tiene mucho que explicar”.
Añadió que con los audios revelados se confirma que no se cuenta con una Fiscalía autónoma, sino que “muestra que trae la marca de la casa”, pues, señaló, hay conflictos de interés, violación a la ley, derechos humanos y “nulo” respeto a la división de poderes. CJG
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