La Secretaría de la Función Pública está muy entretenida con un caso que, de confirmarlo, busca convertirlo en ejemplar para que ningún funcionario se atreva a violar la prohibición de trabajar 10 años en el sector privado, en tareas vinculadas a su cargo en el gobierno, y también quiere mostrar lo que llama una red de complicidades, y para este caso tiene toda la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Apenas hace unas semanas, dicen los que saben, comenzaron a investigar a Pilar López Carasa, esposa de Ulises Moreno, exoficial mayor del SAT en la administración pasada y también exasesor financiero del PRI en la campaña de José Antonio Meade.
Dicen los que saben que doña Pilar al ser socia jurídica de PricewaterhouseCoopers podría formar parte del entramado que integró el exfuncionario de Hacienda y ahora socio de PwC, Luis Arturo Castañeda Rebolledo.