El presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere la “democracia participativa” como una alternativa para resolver asuntos políticos, proceso utilizado recientemente para emplazar a un referéndum que permita investigar y en su caso sancionar a expresidentes, señala la periodista y columnista de Wall Street Journal, Mary Anastasia O`Grady.
La columnista cuestiona la estrategia del presidente con la cual toma decisiones dejando a un lado el Estado de Derecho para privilegiar “la voluntad de la mayoría”.
En su columna “La Corte Suprema de México juega a la política”, la periodista de WSJ indica que la línea de razonamiento del presidente lo ha hecho muy popular, pero también implica que ciertas instituciones sean sobajadas si se interponen en el “camino del populismo y el nacionalismo que él cree que es mejor para el país”.
Bajo esa premisa, dice la autora, López Obrador “solicitó a la Corte Suprema que permita un referéndum jurídicamente vinculante” para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Esto parece ridículo, pero es una buena apuesta del presidente para intimidar a los jueces”, señala Mary Anastasia O’Grady, pues si los ministros de la SCJN se pronunciaban por la inconstitucionalidad de la pregunta del referéndum, también podría tildarlos como “miembros corruptos”.
Sin embargo, considera, el problema es que los expresidentes mencionados no han sido acusados por algún delito, por lo que representaría una violación a los derechos civiles básicos, pues, de inicio, todo ciudadano mexicano tiene derecho a la presunción de la inocencia.
La declaración de constitucionalidad del referéndum y posterior reformulación y aprobación de la pregunta, dice, implica una estrategia de “gimnasia mental” con la que la Corte se evita una reacción presidencial “violenta”. Pero, además, implica que la Corte haga política, al reescribir la pregunta.
No obstante, el verdadero propósito es sumar votantes frente a las elecciones de 2021, cuyo mapa político podría jugar a favor del presidente, para que encare la segunda mitad de su administración.
La columnista asegura que la corrupción política es un problema en México que requiere de una investigación, y pese a los discursos del presidente en contra de este mal, la Fiscalía General de la República aún no presenta cargos contra exfuncionarios de alto nivel de sexenios pasados. (Con información de WSJ) CJG
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