Solicitar que se investigue la actuación judicial de un juzgador a través de una queja administrativa no está dentro de la competencia del presidente de la República, pues no está permitido ni por el orden jurídico, ni por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aseveró el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz.
Lo anterior, luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la carta que envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que le pidió que se investigue la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien otorgó la suspensión a la nueva Ley de la Industria Eléctrica a 24 horas de haber sido promovida.
“Solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres”, acusó el mandatario en su misiva al incluir en dicha lista al exministro de la Suprema Corte de Justicia, Cossío Díaz.
En entrevista con ejecentral, el maestro en derecho constitucional y ciencia política señaló que si bien el titular del Ejecutivo tiene la facultad de pedir se investigue una conducta indebida, o el enriquecimiento inexplicable de algún juzgador, la revisión a la decisión de suspensión de la ley eléctrica puede ser impugnada mediante el recurso de queja ante un tribunal colegiado, en el cual se hace el litigio y se espera una resolución.
“Estamos viviendo un momento en donde el presidente está empujando su acción política y está viendo, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede ampliarla. Está tratando de conformar un nuevo arreglo de la división de Poderes”, consideró el jurista, al señalar el desafío que tiene el Poder Judicial en cuanto a la defensa de lo que marca la Constitución y las leyes, por encima de lo que consideró “una presión, un jaloneo de hasta dónde el Presidente puede llegar y hasta dónde puede ser el Poder Judicial sometido”.
Las posturas encontradas, tanto en favor como en contra sobre la actuación y el perfil del juez Juan Pablo Gómez inundaron las redes sociales; mientras otro de los aludidos en la carta del presidente fijó también una postura: “El ataque a los jueces refleja no sólo el desconocimiento del Estado de Derecho, sino sobre todo y preocupantemente, el talante autoritario del gobierno. El Poder Judicial debe resistir y crecerse ante la amenaza, si sus integrantes quieren pasar dignamente a la historia”, señaló el expresidente Felipe Calderón.
A través de un mensaje de Twitter, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal respondió a la carta del presidente López Obrador, confirmando el acuse de recibo de ésta, así como su remisión al área correspondiente para que, “de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera”, sostuvo el ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
