La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su último informe de revisión a la Cuenta Pública detectó irregularidades por 6.5 mil millones de pesos, a ellos se sumaron otros tres mil millones que localizó la Función Pública; no obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó en su momento la situación de este hecho de corrupción, pero la condena pública no ha permitido que pase inadvertido.
En su conferencia matutina de este jueves, el mandatario mexicano reconoció que el caso de corrupción de Segalmex es el más grande y escandaloso y el único en su administración, situación que no es tan cierta, ya que la ASF ha hecho señalamientos en el manejo de recursos de otras dependencias, como ejemplo, en programas sociales de Bienestar que se detectaron un mal uso y falta de honradez al ser otorgados; asimismo, claridad en el gasto de la refinería Dos Bocas en Tabasco, o el costo real de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.
En el esclarecimiento de los casos de corrupción en Segalmex y Liconsa por uso indebido de recursos, el gobierno morenista reconoce que se hicieron observaciones por 9 mil 500 millones de pesos.
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Sin embargo, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, justificó que ese dinero que indica su propia dependencia, así como la ASF, son sólo observaciones y no un acto consumado de un daño a la nación. “Es importante puntualizar que las observaciones de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración”, sentenció Salcedo Aquino.
De los nueve mil 500 millones, sólo se han recuperado 809.8 millones de pesos a pesar de que las autoridades tienen puntualmente detectada la situación que ha desatado un total de 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República de las que ya se han abierto las carpetas de investigación en contra de 41 exservidores públicos, y 46 empresas que se prestaron a dichos actos ilegales y son acusadas de: delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros delitos y hechos de corrupción, donde aún no hay detenidos.
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