Al señalar que hay un “interés político del Poder Judicial” en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró los señalamientos del exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de litigar contra la investigación del gobierno para dar con el paradero de los normalistas.
“No estoy de acuerdo con lo que dijo (Alejandro) Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes”, acusó hoy el mandatario.
Lo dicho por el mandatario se suma a la serie de contradicciones en las que el expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha incurrido al hacer señalamientos distintos a la postura del presidente López Obrador, como cuando el exsubsecretario aseguró que “Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado”.
FGR no impugnó amparo en favor de militares
Aunque en su conferencia mañanera el presidente López Obrador volvió a arremeter en contra del Poder Judicial por el cambio de medidas cautelares a ocho militares ligados al caso Ayotzinapa, e incluso reveló que la Secretaría de Gobernación envió una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, para advertir sobre el asunto.
Lo cierto es que dicho llamado de ‘advertencia’ debió ser dirigido en todo caso a la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero, pues era esta institución la encargada de impugnar el juicio de amparo que promovieron los militares a fin de continuar su proceso por el delito de desaparición forzada fuera de prisión.
Así lo detalló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una nota informativa donde da cuenta de los antecedentes que derivaron en el cambio de medida cautelar de los ocho militares ordenada por una jueza de Distrito, “al considerar que la fiscalía (FGR) no había aportado datos de prueba que justificara” la “idoneidad y pertinencia” para mantener la medida de prisión preventiva justificada a los militares.
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En lugar de la prisión preventiva oficiosa, la juez determinó que los militares deben acudir quincenalmente a firmar al juzgado de distrito; pagar una “garantía económica” de 50 mil pesos por cada uno; la prohibición de salir del país, no visitar el estado de Guerrero, así como no acercarse, convivir o comunicarse con víctimas o testigos protegidos.
Sin embargo, la FGR rechazó la resolución de la jueza y de los magistrados del tribunal colegiado al advertir “una secuela procesal absolutamente cuestionable” en la que concedieron “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”, la cual es utilizada por medios de comunicación de “manera parcial y engañosa en lo que la institución denominó como una “distorsión mediática”.
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